Lunes, 17 de Diciembre de 2018
Indicadores económicos UF: Dólar: Euro:

Calidad del aire

Despejado
Por falta de respuesta y prevención de Tsunamis

Corte Suprema acogió demanda de víctimas del 27/F en Isla Orrego

Abogada, Ana Machuca, explicó que entre los demandantes se cuenta un joven que perdió a sus padres y hermanos en la tragedia que conmovió al país

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 22 de Abril 2018

TALCA.- Un total de once meses se tomó la Corte Suprema para resolver la primera demanda civil por víctimas del terremoto y posterior Tsunami del 27 de febreros del 2017 que pedieron la vida en la Isla Orrego, lugar que fue literalmente arrasado por gigantescas olas y donde numerosas personas acampaban a la espera de la “Noche Veneciana”.
A pesar de la demora, los resultados fueron ampliamente positivos para los demandantes, ya que el máximo tribunal chileno otorgó una indemnización total de 120 millones de pesos, dividida en 60 millones para un demandante y 30 millones para otras dos víctimas. Todo ello a modo de reparación del daño moral.
Así lo destacó la abogada de la parte demandante, Ana Machuca. Según recordó, en primera instancia, esto es, en el Primer Juzgado de Letras de Talca, también fue acogida la demanda por falta de servicio del Estado a favor de las víctimas, especialmente, de funcionarios de la Capitanía de Puerto de Constitución.

 

FALLOS SUCESIVOS
Pero recordó que, posteriormente, la Corte de Apelaciones de Talca dejó sin efecto dicha sentencia, acogiendo un recurso de apelación entablado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Luego, la causa fue objeto de un recurso de casación de la parte demandante y llegó a manos de la Corte Suprema. En dicha instancia, incluso se citó a las partes a un avenimiento, lo cual no arrojó resultados positivos.

 

FALTA DE SERVICIO
En este sentido, la abogada Machuca recordó que “fue un camino muy largo y con incertidumbre, pero teníamos confiaza en que la Corte Suprema respaldaría la sentecia de primera instancia. Y así fue, porque ellos se pronunciaron estableciendo que hubo falta de servicio, en especial, de personal de la Armada”.
“En este caso concreto, la Capitanía de Puerto estaba a escasos metros de la Isla Orrego y no se hizo ninguna gestión para salvar a las víctimas, comotampoco se realizó algún tipo de labor preventiva en el sentido de no permitir que la gente acampara en la isla, sabiendo el riesgo que existía en dicho lugar”, agregó.
La abogada demandante explicó que existe otro juicio recién en trámite en la primera instancia y, a su vez, un segundo caso que fue acogido tanto en el Primer Juzgado de Letras de Talca y en la Corte Suprema, pero donde el CDE recurrio de casación. Dicho expediente se encuentra, a la fecha, también en manos de la Corte Suprema.

 

ÁREAS VULNERABLES
En este caso específico de la Isla Orrego, la sentencia de la tercera sala de la Corte Suprema lleva las firmas de los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval y Arturo Prado, además de los abogados integrantes, Álvaro Quintanilla y Leonor Etcheberry. En todo caso, existen prevenciones y votos de minoría en la tercera sala.
En su parte medular, el dictamen recuerda que era un hecho habitual que numerosas personas acamparan durante el verano en la Isla Orrego, en Constitución, en especial, para esperar la “Noche Veneciana”, es decir, cuando los botes de pescadores artesanales y de turismo se engalanan para recorrer la zona costera, una actividad muy visitada por turistas.
“Así las cosas, cabía al Estado definir áreas vulnerables, preparar en cada caso el contexto de emergencia, educar a la población según las particularidades de cada zona y planificar y ejecutar las acciones de prevención y de salvamento pertinentes, máxime si, como acontece en la especie, se hallaba en conocimiento, por medio de sus agentes, de la recurrente presencia en ese lugar de personas realizando actividades de campismo”, explica el fallo.
Luego concluye expresamente que “ resulta evidente que pesaban sobre la administración pública deberes de preparación previa y de actuación posterior, cuya omisión no se encuentra justificada con la ocurrencia del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010. El Estado debió desplegar toda una actividad previa y eficiente de prevención, manejo y regulación de la emergencia conforme las normas que el mismo se otorgó desde hace ya largo tiempo, abarcando a nivel local –esto es, en Constitución- modalidades de educación, señalética y de regulación de la actividad en comento que permitieran a las víctimas adoptar resguardos y medidas adecuadas que les otorgaran, cuando menos, una chance efectiva y cierta de evitar las consecuencias dañosas reseñadas en esta causa”-

 

Hernán Espinoza

Volver

Comentarios