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Medida afecta a una persona de nacionalidad colombiana

Corte Suprema revirtió fallo en Talca y confirmó expulsión

Sentencia definitiva ratificó decisión de la Intendencia del Maule fundada en una condena por tráfico de drogas del ciudadano extranjero

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 21 de Junio 2018

SANTIAGO/TALCA.- En fallo unánime, la segunda sala penal de la Corte Suprema revirtió una sentencia decretada hace una semana por la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Talca, donde se había anulado la expulsión de un ciudadano colombiano.
La decisión administrativa fue decretada por la Intendencia del Maule, fundada en que esta persona fue condenada en noviembre del 2014 por el Tribunal Oral de Talca a la pena de 8 años de presidio, como autor del grave delito de tráfico de drogas.
Pero el afectado reclamó a través de un recurso de amparo, patrocinado por la abogada, Bernardita Lara. Allí esta persona recordó que ingresó a Chile el año 2013 de forma totalmente lergal, añadiendo que tras la condena ha cumplido con todos los procesos de reinserción social.

BENEFICIO
De hecho, actualmente está cumpliendo su condena con el beneficio de la libertad condicional, otorgada por una comisión judicial de la Corte de Apelaciones de Talca. Para ello, debió cumplir con una serie de requisitos que establece Gendarmería, especialmente, una conducta intachable y cumplir con programas educativos y laborales.
A ello se sumó que comenzó una relación sentimenta y que, además, cuenta con un contrato de trabajo indefinido como analista de sistemas computacionales. Agrega que nada de eso fue valorado, por cuanto simplemente se ordenó su expulsión una vez que termine de cumplir la condena.

FALLO DIVIDIDO
En esta perspectiva, la Corte de Talca había acogido el recurso de amparo, en fallo dividido. Los votos de mayoría apuntaron a criticar que el denunciante fue objeto de un doble juzgamiento, que se encuentra terminando su proceso de reinserción social y que la sanción administrativa fue dictaminada recién en enero pasado, es decir, cuatro años después de la sentencia en su contra.
Pero haciendo caso omiso de todos estos argumentos, la Corte Suprema calficó la sanción de la Intendencia como ajustada a derecho, concluyendo que “se encuentra fundada y motivada fácticamente por las autoridades llamadas por ley a hacerlo, atendido la gravedad del delito cometido por el amparado”.
Hernán Espinoza

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