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Defensor Regional y proyecto de ley de entrevistas video grabadas:

“El único medio de prueba fuerte es el testimonio de la víctima, y si no se nos permite contrastarlo, no vamos a estar de acuerdo”

José Luis Craig se manifestó de acuerdo con impedir la revictimización de niños que sufren delitos sexuales, pero advirtió que nada impide que un abogado defensor o un perito designado por la defensa puedan intervenir en la toma de declaraciones a los denunciantes

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 17 de Octubre 2016

TALCA.- El Defensor Regional, José Luis Craig, manifestó discrepancias con el proyecto de ley que se tramita en el Congreso donde se regulan las entrevistas video grabadas a menores que sufren delitos sexuales, cuya finalidad es mitigar la revictimización por la reiteración de su relato ante distintas instancias del proceso penal.

A la fecha, la normativa fue recientemente objeto de un informe emitido por la Corte Suprema. Allí también se manifestaron aprehensiones, pero que en general, apuntan a que sea un juez de garantía quien supervise dichas entrevistas, buscando así equilibrar los derechos del posible imputado con los intereses de la fiscalía y la policía.

La Corte Suprema también pone énfasis en que debe existir un equipo de apoyo técnico del juez de garantía, destinado justamente a asesorarlo en dicho procedimiento. Así, en términos generales, el máximo tribunal manifestó su apoyo al proyecto de ley, promovido por la Fundación Amparo y Justicia, con el respaldo del Poder Ejecutivo.

 

¿Qué visión tiene la Defensoría Penal frente al proyecto de ley de entrevistas video grabadas a niños víctimas de delitos sexuales?

“Lo primero que hay que decir es que estamos de acuerdo con que no se revictimice a los menores de edad. Pero estamos hablando de un delito donde hay un imputado, lo que trae aparaejado que hay defensa a ejercer. Y el derecho a defensa implica la posibilidad cierta de contrastar los medios de prueba que acusen al imputado.

Y sabemos muy bien que cuando se trata de delitos de connotación sexual, el medio de prueba principal es –lamentablemente- el propio niño. Tenemos claro que no hay más prueba relevante, ya que por algo quienes perpetran estos delitos buscan intimidad con las víctimas, lo que significa que no hay grabaciones ni más testigos.

Entonces el único medio de prueba fuerte que tiene la fiscalía es el testimonio de la víctima, y si no se nos permite contrastarlo  o ejercer nuestro derecho a contra interrogar, entonces no vamos a estar de acuerdo nunca en un sistema de entrevistas video grabadas que nos deje fuera. 

Esto implica –en el fondo- ejercer la protección el niño abusado, lo cual es muy loable, pero en un proceso penal las garantías son para todos, especialmente, para el imputado, que es objeto del juicio. Y ese derecho a defensa contempla mínimamente hacerse cargo de la prueba de la parte acusadora. Si es se nos impide, vamos a estar en contra”.

 

¿Y si se incluye a un defensor en el proceso de toma de declaración, al menos como observador externo?

“Si eso ocurre no tenemos inconveniente, es decir, que esté un abogado defensor y haga las contra preguntas, para testear que todo se haga de acuerdo a la normativa forense”.

 

¿La presencia de un juez de garantía no se suficiente para la Defensoría como forma de asegurar que los derechos de todas las partes estén asegurados?

“Podemos analizarlo, pero creo que nada impide que esté un defensor y un perito de la defensa analizando la entrevista. Sabemos lo difíciles que son las declaraciones de los testigos, incluso siendo adultos, por lo cual, es aún más complicado que el testigo sea un niño. Eso está estudiado, por lo cual, esas declaraciones deben pasar por un test de credibilidad del relato con 19 criterios de análisis.

Ocurre que en esos casos está en juego la libertad de un imputado que se puede ver impedida por 10 ó 15 años. Entonces, tiene que actuarse con seriedad, respetando todos los principios. Yo creo que cada cual en su rol, esto es, los jueces fallan, los fiscales acusan y los defensores defienden. Tratar de traspasar esos roles puede traer consecuencias”.

 

¿Pero no ocurre acaso que los niños quedan al medio de esas disputas entre las partes y terminan sumando más tensión a lo que ya les tocó vivir?

“Por eso yo partí señalando que la idea es que se hagan la menor cantidad de entrevistas posibles  un niño, en lo cual estamos de acuerdo. Porque lo que ocurre es que primero el niño es entrevistado por sus papas, con quienes devela la situación; luego con un policía; luego con un fiscal; luego con un psicólogo; y finalmente en el juicio. Es decir, cinco entrevistas con personas distintas, lo cual es mucho.

Pero en una de ellas tiene que estar la visión de la defensa, porque entregarle la misión de cautelar ese derecho al juez es como volver atrás, al antiguo sistema penal, cuando el juez también investigaba lo que favorecía o acusaba al procesado. Y ese salto ya lo dimos.

Yo respeto a los jueces en su misión de fallar, pero quien tiene la misión de contrastar la prueba de cargo somos los defensores y no podemos delegar esa tarea. Pero claro que cinco entrevistas es mucho. Podemos hacer un protocolo para que se reduzcan a tres entrevistas, lo cual es una ganancia, Pero en alguna de esas, tiene que permitirse el pleno ejercicio de sus derechos al abogado defensor”.

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