Miércoles, 20 de Marzo de 2019
Por alza arbitraria de la mensualidad escolar para 2018

Intensos alegatos por recurso de protección de 268 apoderados del Colegio San Jorge

Acción legal quedó en estado de “acuerdo”, esto es, para redacción de la sentencia a cargo del ministro Carlos Carrillo, presidente de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Talca

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 09 de Agosto 2017

TALCA.- “La decisión es de cada apoderado si se queda o no con su niño en el colegio, una vez que se informó el alza a casi el doble. Está bien que cobren, eso nadie lo puede negar, pero hay otros factores, como que existe una alta rotación de profesores. El tema tiene que ver directamente con una falla en el proyecto educativo”.

En estos términos, Filidor Parada, apoderado de enseñanza básica del Colegio San Jorge de Talca, resumió las expectativas que tienen los recurrentes luego de presenciar, por casi una hora, tanto la “relación pública” como los alegatos que se realizaron ayer ante la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Talca,

En dicha instancia judicial se discutió intensamente un recurso de protección entablado por 286 apoderados del colegio, donde denunciaron como arbitraria el alza de un 99% para el año 2018 en la mensualidad de sus hijos, luego que el establecimiento decidiera transformarse de particular subvencionado a particular pagado.

“NO TIENE SUSTENTO”

Así lo destacó el abogado de la parte recurrente y también apoderado del colegio, Fernando Maureira, al señalar que “con esta acción legal estamos representando a cerca del 40% de la matrícula. Hoy nos estamos viendo en una decisión bastante compleja luego que el colegio decidiera subir la mensualidad en un 99%”.

“Eso es lo que estamos denunciando vía este recurso de protección. Le hemos pedido a la Corte de Apelaciones que corrija esta situación, que es claramente arbitraria, porque no tiene un sustento jurídico en la Ley de Inclusión; y tampoco fáctico, ya que cualquier servicio que se reajuste así es algo injustificado”, afirmó.

El abogado comentó también que los fundamentos del sostenedor del colegio para alzar las mensualidades y optar por transformarse en particular pagado “son sólo conjeturas de carácter empresariales”. En su alegato, comparó esta situación con las alzas en los planes de salud de las Isapres que son corregidos por los tribunales.

 

LEY DE INCLUSIÓN

En contraparte, el abogado, Abel Bravo, como representante de los sostenedores del colegio, solicitó rechazar el recurso de protección, argumentando que las decisiones adoptadas no son ilegales y tampoco arbitrarias. Para ello, recordó que la Ley de Inclusión incluye la alternativa de pasar a ser particular pagado.

Explicó que dicha opción fue tomada por los propietarios del colegio en razón de asegurar su proyecto educativo, ya que piensan que lo contrario equivaldría a depender exclusivamente del gobierno en cuanto a la educación que ofrecen a los niños. También subrayó que el colegio es una empresa que necesita financiarse.

Una vez terminados los alegatos, la segunda sala declaró la causa civil en estado de “acuerdo”, es decid, para redacción de la sentencia. Dicha labor fue encargada al presidente de la sala, esto es, al ministro, Carlos Carrillo; quien fue acompañado por el fiscal judicial, Oscar Lorca; y el abogado integrante, Hugo Escobar.

 

Hernán Espinoza

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