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Fue acogido a trámite por la Corte de Apelaciones

Juez de Talca presentó recurso de protección contra fiscal judicial

Acción legal denuncia perjuicios a la intimidad y el honor, luego que la autoridad ordenara un examen psiquiátrico para saber si el magistrado puede seguir ejerciendo su cargo

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 17 de Julio 2016

TALCA.-  La tercera sala de la Corte de Apelaciones de Talca resolvió acoger a trámite un recurso de protección entablado por el juez de menores del Juzgado de Garantía de Talca, Roberto García Gil, en contra del fiscal judicial, Oscar Lorca, por perjuicios a sus derechos constitucionales a la intimidad y el honor.

La acción legal fue patrocinada por el abogado, Roberto Navarro, y se contextualiza -según explica el escrito de 10 páginas- en una investigación administrativa en contra del juez García Gil instruida por el pleno de la Corte de Apelaciones de Talca, a partir de hechos expuestos por el ministro, Eduardo Meins.

El sumario está siendo instruido por el fiscal judicial de la misma Corte de Apelaciones, Oscar Lorca. El recurso señala que fue dicha autoridad judicial quien -el 9 de junio pasado- instruyó que el juez se someta a un examen psiquiátrico “con el fin de determinar el estado de salud y si está en condiciones de ejercer como juez”.

 

MEDIDA “INTRUSIVA”

El recurso de protección añade que se presentó una reposición ante el mismo fiscal judicial, siendo rechazada, dando paso a una reconsideración, lo cual también fue desestimado. La acción legal añade también que supuestamente el plazo de la investigación administrativa está vencido, pero que continúa en sumario.

El escrito destaca que la medida instruida por el fiscal judicial de la Corte se traduciría en perjuicios a los derechos constitucionales a la intimidad y la honorabilidad del juez García Gil, precisando que no existen normas legales que autoricen una diligencia investigativa de tipo “intrusiva” en el contexto de un sumario administrativo.

Agrega que, sumado a esta ilegalidad, la medida sería también arbitraria, fundamentando esa situación en que el plazo de la investigación estaría vencido y que la diligencia cuestionada no tendría justificación. Al respecto, la Corte solicitó al fiscal judicial que remita un informe por escrito con plazo de ocho días.

 

Hernán Espinoza

 

Ritos religiosos

En la parte medular, el recurso de protección sostiene que “las declaraciones recogidas en la investigación administrativa dan cuenta de comportamientos normales, de los cuales, en ningún caso, pueden desprenderse síntomas que pudieran interpretarse como indicadores de perturbaciones mentales”.

“Ello, si se considera que las personas creyentes tienen derecho a practicar los ritos propios de su fe, como persignarse ante una iglesia o rezar. Asimismo, si se considera que adoptar un acento extranjero en forma temporal es sólo revelador de un estado de ánimo de felicidad, según declaraciones de los mismos testigos”, añade.

 

 

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