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Habla presidente regional de la Asociación de Fiscales

“La conducta que tuvo Carabineros claramente contraviene lo que dice la Constitución y la ley”

Fiscal de Talca Carlos Altermatt, comentó los alcances de la denuncia por posible desacato en contra del Prefecto de Carabineros de esta misma ciudad

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 15 de Agosto 2016

TALCA.- Sin duda que fue el tema de la semana en el mundo jurídico y en el sector justicia, luego que el fiscal de Talca, Ángel Ávila, revelara haber denunciado al Prefecto de Carabineros de esta misma ciudad, coronel Eugenio de la Fuente, por un posible delito de desacato en el contexto de una investigación por un baleo callejero.

El incidente se suscitó cuando el fiscal instruyó a personal de la Tenencia de Carabineros de Maule para que entregara al detenido a la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI. El fiscal sostuvo que la negativa se mantuvo a pesar de que el Juzgado de Garantía emitió una orden verbal de detención para ser cumplida por la misma PDI.

Tras dicha revelación, el único detenido quedó en libertad, dando paso a una investigación contra el Prefecto. Al día siguiente, la defensa del coronel refutó la denuncia, motivando una réplica de la Fiscalía Regional. Ahora se suma la opinión del fiscal, Carlos Altermatt, presidente regional de la Asociación de Fiscales.

 

¿Qué reflexión hacen ustedes como gremio frente a estos hechos?

“La opinión que tenemos como Asociación de Fiscales es que, en este caso, Carabineros claramente incumplió una orden judicial y, además, desatendió la instrucción que había dado el fiscal del caso.

Nos parece que esa conducta contraviene expresamente lo que dice la Constitución y la ley penal, en orden a que Carabineros tiene que actuar bajo las órdenes y dirección de los fiscales; y además no puede desatender una orden judicial. Y eso fue lo que ocurrió”.

 

La defensa del Prefecto afirmó que existiendo una detención por delito flagrante por parte de Carabineros, entonces la orden judicial habría sido extemporánea. ¿Comparten esa opinión?

“Lo que pasa es que tenemos que atenernos a lo que ha ocurrido. Lo que aquí pasó es que el fiscal de la causa, conforme a los antecedentes que se ponderaron al momento en que Carabineros le comunicó los hechos, solicitó una orden de detención. El fiscal expuso los antecedentes al tribunal y el juez la concedió.

Se suma que Carabineros se negó a dar cumplimiento a ello. Y respecto a la flagrancia, ello fue objeto de una resolución judicial, porque al día siguiente de la detención del imputado, hubo un pronunciamiento judicial que declaró ilegal dicho procedimiento.

Por ello, lo que sostenemos es que quienes deben ponderar aquello son los fiscales. Carabineros no tiene las facultades para establecer cuando los procedimientos están o no ajustados a derecho. Es el juez quien debe pronunciarse al respecto y, en este caso, se declaró ilegal”.

 

Según una minuta que la defensa del Prefecto entregó a los medios de comunicación, al interior de la Tenencia de Maule habría ocurrido una especie de encontrón entre el fiscal de turno y los carabineros que estaban de turno. ¿A su juicio es creíble esa versión?

“Los antecedentes con los que yo cuento son que el fiscal de turno efectivamente concurrió a dicha unidad policial, con la finalidad que se cumpliera la orden judicial de detención. Ahora, en relación a lo que se indica en esta minuta y que –según entendemos- habría elaborado el propio Coronel, no podemos pronunciarnos.

Aquí lo importante son los hechos. Y los hechos establecen que hubo una orden judicial; que la detención que Carabineros estimó como flagrante se declaró ilegal; que Carabineros incumplió la orden judicial y también una instrucción del fiscal a cargo. Y ocurre que es la fiscalía quien dirige la investigación y Carabineros se tiene que someter y sujetar a esas órdenes, y no puede calificar su fundamento legal ni la oportunidad”.

 

Pero entendemos que el Código Procesal Penal también señala que las policías pueden exigir que se exhiba la orden judicial. ¿Ello ocurre en la práctica o bien por la coordinación que ustedes tienen a diario con las policías se soslaya esa norma?

“La norma dice que Carabineros no puede calificar el fundamento legal de la orden que imparte la fiscalía, sin perjuicio que cuando sea procedente se exhiba la orden judicial. Pero en este caso, tratándose de situaciones urgentes, las órdenes judiciales se comunican verbalmente, de lo cual también los jueces dejan constancia.

Esa es una cuestión de todos los días, que a las policías se les comunica que existe una orden judicial de tipo verbal, de lo cual ellos también dejan constancia en sus partes. Cuando es algo urgente, el fiscal no puede esperar a acudir ante el juez para obtener la orden escrita, porque ello puede frustrar la detención o diligencia que se quiere realizar”.

 

¿El incidente que estamos comentando dañará la relación entre los fiscales y los policías o es un hecho puntual, como lo dijo el jefe de zona de Carabineros y la propia Fiscalía Regional?

“Las relaciones entre los fiscales y los carabineros siempre se han dado en el marco de lo que corresponde. Son relaciones donde los carabineros siempre cumplen las órdenes que damos los fiscales. Por ello, yo coincido en que esto que ha ocurrido es un hecho de carácter puntual y aislado, por lo cual, esperamos que en el futuro no vuelvan a ocurrir.

Pero que quede claro que los fiscales vamos a seguir actuando con la firmeza con que lo ha hecho el fiscal Ávila, y no vamos a tolerar que –en definitiva- Carabineros califique el fundamento de las decisiones que toma el Ministerio Público. Quienes dirigen la investigación de un hecho con carácter de delito son los fiscales y así está establecido en la Constitución y en la ley”.

 

¿Esa dirección de la investigación que recae en los fiscales constituye, en definitiva, una garantía para los ciudadanos, según se desprende del Código Procesal Penal?

“Por cierto…”

 

…Y además tiene que validarse en un tribunal….

“Claro que sí. Existe la dirección de la investigación por parte del Ministerio Público, pero el enjuiciamiento de la legalidad de los actos de los fiscales y de los órganos auxiliares del Ministerio Público recae, en última instancia, en un tribunal. Son los jueces los llamados a establecer cuándo una actuación es legal y, evidentemente, garantizar los derechos ciudadanos y la correcta aplicación de la ley”

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