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Habla subsecretario de Justicia, Juan José Ossa

“Los requisitos que se están poniendo a los ‘fedatarios\\' del mañana son más que los del notario de hoy”

• Autoridad de gobierno visitó esta semana la Región del Maule, donde anunció fecha de apertura del nuevo centro cerrado del Sename y también aseguró que el actual CIP-CRC será ocupado por la cárcel de mujeres. En esta entrevista, responde a demandas planteadas por la Corte de Apelaciones de Talca y explica en detalle la reforma al sistema notarial

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 09 de Septiembre 2018

TALCA.- Fue una intensa agenda la que cumplió el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, en su visita, en su visita de dos días a la ciudad de Talca. El miércoles participó en la ceremonia de aniversario 130 de la Corte de Apelaciones y, al día siguiente, recorrió el nuevo centro cerrado del Sename y otras unidades penales, además de sostener reunión con el gabinete sectorial.

 

Usted visitó el nuevo centro cerrado para menores infractores de ley que ha esperado por un año su apertura y recepción de imputados, donde ahora se limitó un plazo para que comience a funcionar. ¿Noviembre será la fecha?
“Eso esperamos. Lo que me tocó ver en este futuro CIP-CRC (Centro de Internación Provisoria) es una buena noticia, desde la perspectiva que cuenta con una infraestructura que, aunque tiene algunos defectos, es muy superior al actual centro cerrado.
Y, además, en el recinto que va a quedar desocupado se va a instalar el Centro Penitenciario Femenino (CPF), es decir, con las mujeres privadas de libertad. Esto hay que destacarlo mucho, porque cualquier persona que haya visitado esa unidad penal sale con el corazón encogido. Tiene un nivel de hacinamiento muy importante, con camarotes de hasta cinco pisos.


Ahora bien, dicha esta buena noticia, también queremos señalar que hay una frustración, porque el nuevo CIP-CRC estuvo parado, sin avanzar y con cambios aquí y allá, durante un año y medio. Es más, todo ese tiempo que no se avanzó con su puesta en marcha, porque la construcción había terminado, generó costos de mantención muy altos,
Y peor todavía, porque el hecho de que no se haya sacado adelante, también significa que las mujeres siguieran viviendo por un tiempo mayor en una cárcel infrahumana”.

 

Pero todo esto va a cambiar en el corto plazo…
“Desde luego y estamos muy contentos. Tenemos todas las ganas que esto ocurra en noviembre, cuando se pueda comenzar a utilizar el nuevo centro cerrado para menores”.

 

Esta semana usted participó en la ceremonia de aniversario 130 de la Corte de Apelaciones de Talca, donde la presidenta, Olga Morales, planteó como un desafío muy importante que se aumente la dotación de ministros, ya que la actual de siete magistrados no se ha modificado desde 1990. ¿Qué responde el Ministerio de Justicia?
“Cada vez que vamos a regiones, nos reunimos con los ministros de las Cortes de Apelaciones. Y quiero señalar que lo que dijo la presidenta no es un sentir único de esta región. En otras Cortes de Apelaciones, algunas quieren una sala nueva y otras, como en Talca, quieren al menos un ministro más, porque así pueden funcionar en tres salas de manera ordinaria, porque hoy lo están haciendo, pero con mucho esfuerzo.


Son todas inquietudes que nosotros, como Ministerio de Justicia, tenemos que recoger. Porque mal que mal, somos los llamados a que las inquietudes del Poder Judicial se puedan resolver. El cuándo siempre va a depender de los recursos. Nosotros tenemos el compromiso siempre de contribuir al Poder Judicial, para que tenga las mejores posibilidades para cumplir con su trabajo. Tanto así que el proyecto de ley de reforma procesal civil que vamos a presentar al Congreso va justamente en esa línea”.

 

El tema de la dotación no fue la única demanda, porque la presidenta también habló del problema que significa esta doble dependencia de los juzgados de policía local, porque administrativamente son parte de una municipalidad, pero en lo jurisdiccional dependen de la Corte de Apelaciones. ¿Cómo ve una posible solución?
“El gobierno no tiene una posición fija respecto a cuál debiera ser el rol de los juzgados de policía local, en la perspectiva de resolver esta doble dependencia. Lo que sí es que son temas que hay que seguir conversando, para determinar cuál va a ser el futuro diseño de estos jugados en el marco de los programas de justicia vecinal que van de la mano de la reforma procesal civil. Eso no es una conversación que haya terminado o se haya concretado”.

 

¿Pero sí viene una actualización de estos tribunales con la justicia vecinal?
“Exacto. La justicia vecinal lo que busca es fomentar que los conflictos no escalen. Es decir, lo que ocurre es que muchas veces un problema menor entre vecinos, como pueden ser los ruidos molestos, un perro o los deslindes de terrenos, terminan en una riña y, después, en un enfrentamiento. Entonces, lo que queremos es acercar la justicia a las personas, en lo que llamamos justicia vecinal, donde se pueda llegar a acuerdos o conciliaciones.
Y si no es así, que las partes puedan acudir a los juzgados civiles reformados, para obtener respuestas más rápidas e inmediatas, con una presencia más cercana al juez, porque habrá oralidad y transparencia. No es razonable que un juicio por no pago de arriendo se tenga que prolongar en el tiempo. Eso derechamente termina perjudicando a los más vulnerables y a la clase media”.


CASO NOTARIOS
¿Cómo surge la reforma al sistema notarial que anunció recientemente el Presidente?
“Es un proyecto que estaba contemplado en el programa de gobierno, pero que se ha transformado en emblemático, en base a ciertos hechos que fueron poniéndole agua a la piscina, literalmente, porque modificar el sistema notarial siempre ha sido muy difícil en el Congreso”.

 

¿El informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) fue uno de los gatillantes para impulsar el proyecto?
“En realidad fueron dos: la frustrada designación como notario del ex fiscal Toledo y el informe de la FNE. Nosotros teníamos preparado un proyecto de ley, pero en conversaciones con el fiscal nacional económico, él nos dijo que mejor había que esperar los resultados del estudio. Lo que intuíamos nos decía que ese informe era todavía más relevante. Visto el informe, nosotros hicimos adecuaciones al proyecto que teníamos y nos parece que es un tremendo paso adelante”.

 

¿Cuáles son los ejes de esta reforma?
“Viene a cambiar completamente el sistema de nombramientos, para evitar amiguismos y opacidades, avanzando en la profesionalización de estos cargos. También se cambia completamente el régimen de fiscalización de los notarios, tanto del servicio que ofrecen a la ciudadanía, como de los precios que cobran. A su vez, se cambia la forma de crear nuevas notarías, porque ocurren cosas que no son razonables. Hay zonas donde puede ser cierto que se requieran una o más notarías que las actuales, pero necesitamos un sistema profesional para tomar esa decisión”.

 

¿Y qué proponen para ello?
“Ocurre que para resolver ahora se va a necesitar un informe favorable de la FNE, es decir, que a esa entidad le parezca ajustado y razonable desde el punto de vista de la economía de la zona a beneficiar, así como de las personas”.

 

¿Qué pasa con el tema del tiempo en que ejercen los notarios?
“Eso también a va cambiar y la nueva regla se le va a aplicar a los actuales notarios”.

 

¿Qué significa el nuevo rol del “fedatario”?
“Ese es el gran aporte de esta reforma. Hoy existen dos grandes tipos de trámites que se realizan ante un notario: los que se hacen una o dos veces en la vida y que son compras de viviendas o créditos hipotecarios. Pero –además- existen toda una serie de trámites que llamamos como ‘del mesón\\'. Estamos hablando de legalizar las firmas, cartas de renuncia o fotocopias legalizadas, entre otros.
Todos esos trámites que, actualmente, son exclusivos ante un notario, los vamos a abrir a otras tres instituciones. Nos referimos al Servicio de Registro Civil, los secretarios abogados de los juzgados de policía local y los ‘fedatarios\\'.
Lo que logramos con esto es un despliegue territorial de estos servicios, evitando que las personas que viven en el campo, por ejemplo, tengan que tomar un bus y perder un día de trabajo por ir a un notario; o bien que las personas que viven en las ciudades tengan que hacer trámites los días sábado en la notaría de turno”.

 

¿Y qué responden a las críticas que han planteado los propios notarios a esta figura de los “fedatarios”?
“Ellos han dicho que la existencia de los “fedatarios” va a rebajar o empeorar la calidad de la fe pública. Yo me permito discrepar de eso por dos motivos. El primero, porque los trámites que estamos entregando a los ‘fedatarios\\' son los más sencillos, no los que tienen más complejidad, como sería una escritura pública. Y, en segundo lugar, porque van a tener que ser abogados, con cinco años de ejercicio de la profesión, que pasen un examen y donde cada tres años van a tener que volver a ser evaluados.
También tendrán que contar con una oficina, con comodidades para las personas que atiendan. Pero, lo más importante, es que se verán sometidos a auditorías externas. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Que los requisitos que se están poniendo a los ‘fedatarios\\' del mañana son más que los del notario de hoy. Entonces, no vemos cómo la fe pública se pueda ver afectada con la incorporación de esta nueva figura”.

 

A la gente la preocupa también si este nuevo sistema va a estar blindado contra lo que ocurre hoy, en algunas notarías, donde a pesar de los filtros, igualmente son cargos casi heredables de padre a hijo abogado. ¿Se le puede asegurar a la ciudadanía que eso no va a ocurrir?
“Eso, derechamente, no va a ser posible con este nuevo sistema. El nombramiento de los nuevos notarios va a pasar por distintas etapas: primero, un examen de validación que, también, se va a tener que repetir cada tres años para mantener el cargo; luego, las ternas que se realicen en las Cortes de Apelaciones van a tener que incorporar siempre a los que están entre los diez primeros puntajes; y, finalmente, a diferencia de lo que ocurre hoy, esa terna no va al exclusivamente al despacho del ministro de Justicia para el nombramiento, sino que la designación va a ser resuelva por una comisión. Allí va a estar un representante del Ministerio de Justicia, un consejero del Servicio de Alta Dirección Pública y un decano de una Facultad de Derecho designado por el Consejo de Rectores de Universidades. Entre ellos van a decidir el nombre del elegido”.

 

¿Cuál es su mensaje para los ciudadanos de la región?
“La convocatoria es que sigan acompañando al gobierno en estas iniciativas y a confiar en que en nuestra mirada están los ciudadanos, porque queremos desplegarnos en las regiones. Por ello, esta visita ha sido muy provechosa y vamos a seguir viniendo a la Región del Maule”.

 

Hernán Espinoza

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