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Todos en contra de la Contraloría General de la República

Matronas presentaron 109 recursos de protección en la Corte de Apelaciones

Las acciones legales se encuentran para trámite de admisibilidad. Allí se pide, como medida urgente, una “orden de no innovar” que paralice resolución del ente fiscalizador

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 19 de Julio 2018

TALCA.- Ante la justicia se terminará resolviendo el conflicto que mantiene el gremio de las matrones con la Contraloría General de la República, luego que dicha institución emitiera un dictamen que hechó por tierra la autonomía y exclusividad profesional en los campos de la obstetricia, ginecología y neonatología, tal como ocurrió durante los últmos años en Chile.


Todo ello porque, tras llevar a cabo manifestaciones públicas en Talca, las matronas y matrones optaron por formalizar sus reclamos ante la decisión de la entidad fiscalizadora. Así en los últimos días se presentaron paulatinamente, ante la Corte de Apelaciones de Talca, un total de 109 recursos de protección por parte de estos profesionales de la salud, todos radicados en la Región del Maule.
Las acciones legales son expresamente coincidentes en recurrir en contra de la Contraloría General de la República. A la vez, también tienen en común que todos los recursos de protección piden que se dicte una “orden de no innovar”, cuyo objetivo es paralizar los efectos prácticos de la resolución en disputa. A la fecha, las acciones legales se encuentran para trámite de admisibilidad.

 

“DERECHOS Y
OBLIGACIONES”
En los recursos de protección -todos del mismo contenido argumentativo- se indica que al interpretar las funciones de la matronería como únicamente de “colaboración al médico”, la Contraloría supuestamente provocaría un grave perjuicio a dichas profesionales, de rango universitario, por cuanto les impediría ejercer libremente su profesión. Ello, agregan los recursos, particularmente en la salud pública.
“Lo grave, más allá de las consecuencias que se desarrollarán en los lugares apartados de nuestro país, donde no hay médico que realice la supervisión que pide la Contraloría a los entes públicos, es que esta interpretación nos priva del derecho de dominio sobre las acciones emanadas de esta profesión, aquellas que se han ganado tras haber cursado una carrera universitaria de cinco años, que implica derechos y también obligaciones que la Contraloría parece omitir de plano”, añade.


Las denunciantes van incluso más allá, al señalar que la decisión de la Contraloría las dejaría expuestas supuestamente a una causa penal, ya que se deberían negar a atender a pacientes si no cuenta con supervisión. Para ello, señalan que “tendremos el día de mañana que explicar al juez o a un fiscal que no podiamos actuar, pese a la necesidad vital de un paciente, porque no había la instrucción de un médico. Esperamos que esa explicación sea válida para comprender las muertes que se puedan ocasionar con la aplicación de este dictamen de la Contraloría General de la República”.


“Como todo ello repercute en el ejercicio material del título profesional que detentamos, licenciada de obstetricia y puericultura, matrona, y como se han limitado aquellas funciones propias de él en su legítimo ejercicio, sin una ley expropiatoria que al respecto repare dicho actuar, es que se ve afectado el derecho de propiedad que detentamos sobre nuestro título profesional, y las acciones que con él podemos ejercer”, concluyen todos los recursos de protección.

Hernán Espinoza

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