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Defensores pusieron en duda que exista una asociación ilícita

Operación Hermandad: juez anunciará hoy si decreta o rechaza prisión para 26 detenidos

Fiscales tienen la opción legal de apelar en audiencia, lo cual obligaría al Juzgado de Garantía a mantener igualmente a los detenidos en la cárcel, hasta que la Corte de Talca emita un pronunciamiento

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 12 de Junio 2017

TALCA.- Una jornada clave se vivirá hoy en la sala número cuatro del Juzgado de Garantía de Talca, cuando en audiencia programada para las 11.30 horas, se conozca si el juez, Víctor Rojas, acoge o rechaza la solicitud de prisión preventiva para 26 detenidos en el marco de la Operación Hermandad de la PDI.

Según los cargos presentados por la Fiscalía, se trata de dos grupos criminales de traficantes que, desde fines del año pasado, se disputaban a balazos el barrio norte de Talca. Los cabecillas eran Pamela Loyola, de la población Padre Hurtado; y Gabriel Gutiérrez, alias “El Morocho”  domiciliado en  Villa Las Américas.

En total, la PDI detuvo a 35 imputados, pero nueve quedaron bajo medidas cautelares alternativas, debido a que enfrentan delitos de menor peligrosidad. No ocurrió lo mismo con Loyola y Gutiérrez, junto a familiares y coimputados, sindicados por asociación ilícita, tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego.

 

“NO EXISTEN JERARQUÍAS”

Las audiencias de formalización de la investigación y solicitud de medidas cautelares por parte de los fiscales, Francisco Soto y Ángel Ávila, se prolongaron por 14 días, concluyendo el viernes de la semana pasada con los alegatos de ocho defensores, cinco de la Defensoría Penal Pública y tres abogados particulares.

Entre estos últimos, destacó Iván Gómez, quien representa a la imputada, Pamela Loyola, además de sus hijas y otros coimputados pertenecientes a su agrupación. “No tan solo no se dan los requisitos específicos de la asociación ilícita, sino que, además, requisitos conceptuales respecto de los bienes jurídicos protegidos”, dijo.

Iván Gómez también puso énfasis en que “en términos bien pedestres, estas son actividades de tráfico de menor escala. Son personas que con muy pocos recursos, se proveen de droga para vender en sus barrios. No existen jerarquías o distribución de funciones. Esto más bien refleja una total desorganización entre todos ellos”.

 

“NO SON UNA ORGANIZACIÓN”

Una opinión similar manifestó el abogado, Mauricio González, defensor de Gabriel Gutiérrez, además de su hermano y su madre. El defensor también puso en duda los delitos, utilizando las mismas escuchas telefónicas realizadas por la PDI y destacando que el único delito posible sería el microtráfico de drogas.

Silvia Carreño, de la Defensoría Penal Pública, se sumó a los cuestionamientos a la asociación ilícita. “Los fiscales interpretan acciones propias de personas que está privadas de libertad. Ellos siempre recurren a la familia o amigos, que no por ello son ‘brazos operativos\'. Y eso no significa una organización”, afirmó.

Silvia Carreño explicó que uno de sus representados, a quien la Fiscalía sindica como proveedor de drogas de Gabriel Gutiérrez, efectivamente es un microempresario que vende productos, entre ellos, huevos. Ello explica, que existan grabaciones donde le piden “bandejas de huevos”, descartando que sea para vender drogas.

Hernán Espinoza

 

 

Recuadro1

Homicidio frustrado

Entre los detenidos que permanecen en audiencia judicial se cuenta a dos menores de edad, sindicados por la Fiscalía como responsables del grave delito de homicidio frustrado calificado, con premeditación conocida, de dos carabineros pertenecientes a la sección SIP de la Cuarta Comisaría de Talca, hecho ocurrido el 18 de mayo pasado.

Según la formalización, en aquella noche los “soldados” esperaban a otro grupo narco oriundo de la comuna de Maule y que supuestamente iría a balear la casa de Pamela Loyola. Pero se encontraron con un automóvil de la SIP y procedieron a dispararle con escopetas, dejando a uno de los carabineros con lesiones leves en la frente.

 

Recuadro 2

Apelación verbal

Una herramienta jurídica que le queda a los fiscales, en caso que el juez se niegue a aplicar la medida cautelar de prisión preventiva, consiste en apelar verbalmente en la misma audiencia. Ello obligaría al tribunal a mantener detenidos a los imputados, hasta que la Corte de Talca emita un pronunciamiento de segunda instancia.

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