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Operación Hermandad: Primera semana de juicio cerró con alegatos del fiscal y defensas

Tras la llegada de un menor de edad que faltó a la primera audiencia, ahora suman 24 imputados, de los cuales, 14 se encuentran en prisión preventiva

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 25 de Agosto 2018

TALCA.- Intensa y casi interminable fue la primera semana de audiencias del juicio que se lleva adelante en la primera sala del Tribunal Oral en lo Penal de Talca, donde se está resolviendo una acusación en contra de 24 acusados -14 en prisión preventiva- que fueron detenidos e imputados en la denominada “Operacion Hernandad” llevada adelante por la PDI, en conjunto con la fiscalía.


Las audiencias comenzaron el martes pasado, pero a solicitud de la fiscalía, se reprogramaron para el jueves. En todo caso, el primer día igualmente se avanzó con la identificación de los acusados. Luego, el jueves, el tribunal dedicó casi toda la jornada a la lectura en detalle de la extensa acusación presentada por el Ministerio Público.


De allí fue el turno para los fiscales, Francisco Soto y Ángel Ávila, el primero de ellos, especialista en investigar delitos de tráfico de drogas, y el segundo, con especialidad en la investigación de delitos violentos. El alegato de apertura estuvo a cargo del fiscal Soto y se prolongó por una hora.

 

DENUNCIA ORIGINAL
Allí el fiscal replicó la hipótesis principal de la acusación, en cuanto a que los imputados están divididos en dos grupos, radicados en las poblaciones Padre Hurtado y Las Américas, ambos del barrio norte de Talca. Sostuvo que la investigación arrojó que estos grupos se disputaban el control del tráfico de drogas en dicho territorio, para lo cual, incurrieron en delitos conexos a la asociación ilícita, entre ellos, homicidios frustrados, lesiones, porte de armas de fuego y municiones.


También reiteró que el grupo de la Padre Hurtado estaba liderado por la imputada, Pamela Loyola; y que el otro grupo era encabezado por el imputado, Gabriel Gutiérrez, alias “El Morocho”. Sostuvo que ambos contaban con una red de “soldados” y ayudistas para acopiar y vender droga, así como para protegerse de la otra banda.


“Esta investigación se inicia el 3 de octubre del 2016, cuando la PDI efectúa una reunión a instancias de la gobernación de Talca, donde se canaliza información de vecinos de la Villa Las Américas, en cuanto a que en el lugar existe un grupo de personas violentas que disparan en la vía pública y que se dedican al tráfico de drogas. Allí se identificó a El Morocho. Nos pudimos percatar que esta útima persona era mencionada en otras causas como proveedor de drogas y que protegía su sector, esto es, la Villa Las Américas, donde no actuban otras bandas”, recordó.

 

“CASOS AISLADOS”
En contraparte, el abogado de dicho imputado y de otros cinco, Mauricio González, desmintió la acusación de la fiscalía. Para ello, sostuvo que “muchas de las personas que están imputadas en este juicio, debieran estar en libertad. Esta es una creación artificial del Ministerio Público. Ello quedó demostrado en el propio alegato del fiscal, quien casi le suplicó al tribunal que le de una nueva orientación al delito de asociación ilícita”.
“Eso es porque sabe que no cumple con los estándares que la doctrina y la jurisprudencia exigen para ese delito. Aquí lo que hay son casos aislados y personales, por lo cual, vamos a pedir la absolución. Y en cuanto a los otros delitos, algunos deslindan en formalizaciones abritrarias, por lo cual, nos vamos a reservar acciones legales. Ello, por ejemplo, en el caso de Gabriel, que se le sindica como autor intelectual de un homicidio tentado, pero no está fundado”, agregó.

 

“NO HAY TESTIGOS”
Una opinión similar manifestó Diego Pinto, defensor particular de Pamela Loyola. “Lo concreto es que aquí no hay grandes cantidades de droga. Lo que se le encontró a Pamela es lo menos, por lo cual, estamos pidiendo que se recalifique a microtráfico. Y en cuanto a la asociación ilícita, no se cumplen los requisitos. Ello es lo que vamos a defender durante el juicio”, dijo.
Añadió que “aquí hay relaciones de parentesco, pero no de un grupo criminal. Y respecto de los demás hechos, el tema es que no hay testigos. Hay víctimas que reconocen que hubo conflictos anteriores, por lo cual, no hay imparcialidad. No se puede condenar si no hay prueba material”.


Hernán Espinoza

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