Martes, 16 de Julio de 2019
Fue formalizado por robo con intimidación

Preso imputado que no pagó por bencina y amenazó con un arma

Un nuevo delito afectó al servicentro Copec ubicado en la Avenida Lircay, en el barrio norte de Talca

Periodista: Hernán Espinoza - Fecha de Edición: 29 de Junio 2019

A petición de la fiscalía, el Juzgado de Garantía de Talca decretó ayer la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado, Gustavo Segundo González Morales, sindicado como presunto autor del grave delito de robo con intimidación, cuya víctima fue un empleado del servicentro Copec de Avenida Lircay.


Ayer en audiencia judicial, el fiscal, Gonzalo Pino, explicó que los hechos ocurrieron durante la noche del jueves, cuando el imputado llegó hasta el local de distribución de combustible a bordo de un vehículo particular. Allí, según antecedentes policiales, pidió que le cargaran el combustible del automóvil por la suma de 10 mil pesos.
Pero, al momento del cobro, el empleado que lo atendió dijo que el imputado se negó a pagar y, además, extrajo un arma de fuego con la cual apuntó a la víctima y le exigió que lo dejara abandonar el lugar. Así el sujeto escapó, dejando a los empleados con gran temor, por cuanto existía el peligro de que el individuo retornara.

 

PATENTE
Una vez realizada la denuncia, personal de la Cuarta Comisaría de Carabinero se constituyó en el sitio del suceso, donde procedieron a entrevistar a las víctimas y, también, revisaron las cámaras de seguridad. Allí quedó grabado el grave delito, así como también la patente del automóvil del imputado.
Con estos datos, los carabineros revisaron el domicilio asociado a la patente y realizaron un encargo regional del vehículo. Las diligencias arrojaron resultados positivos, ya que a las pocas horas se detuvo al imputado, siendo trasladado a primera hora de ayer hasta el Juzgado de Garantía de Talca.
En la audiencia, el fiscal Pino solicitó el ingreso del detenido a la cárcel, por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. El juez, Víctor Rojas, con oposición de la abogada de la Defensoría Penal Pública, ordenó el ingreso del imputado a la cárcel y limitó en dos meses el plazo de cierre de la investigación.

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