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Habla José Luis Craig, Defensor Regional del Maule

“Sobre el 50% de los menores que quedan en internación provisoria terminan con condenas en libertad”

Autoridad recientemente efectuó su cuenta de gestión 2017 y, en entrevista con Diario El Centro, detalló las preocupaciones y desafíos que enfrenta su institución, donde la autonomía constitucional y legal es el principal anhelo

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 03 de Junio 2018

TALCA.- El anhelo de la autonomía constitucional y legal, así como la necesidad de hacer comprender a la sociedad y la opinión pública que todas las personas tienen derecho a esperar un juicio en libertad, son las preocupaciones que por estos días le quitan el sueño al Defensor Regional, José Luis Craig, quien la semana pasada rindió cuenta pública de gestión correspondiente al año 2017 en la ciudad de Constitución.
Allí destacó que, de manera preocupante, sigue aumentando en la Región del Maule el número de imputados que quedan en prisión preventiva y, finalmente, son absueltos por falta de pruebas o porque la fiscalía no sigue adelante contra ellos. Y esos números son aún mayores si se trata de imputados adolescentes. De todo ello habló José Luis Craig con Diario El Centro.

 

¿Cómo avanzó la especialización de defensa durante el 2017?
“Nuestro mayor hito del año pasado fue que logramos reponer el tercer cargo de defensor penal público especializado en la ley de responsabilidad penal adolescente, cuyo cupo se había redestinado a Temuco. Lo recuperamos vía licitación de defensa pública para el Maule Sur, esto es, cubriendo las comunas de Linares, Cauquenes, Parral y, eventualmente, en Chanco, esto es, con sede de la oficina en Linares, donde trabaja todo el equipo de apoyo”.

 

¿Y cómo ha avanzado la defensa penitenciaria?
“Allí también tenemos un logro muy importante, ya que fue posible demostrar -luego de analizar la carga laboral de todos los defensores penitenciarios a nivel nacional- que en la Región del Maule es donde más se tramitaron requerimientos por defensor durante el 2017. Teníamos dos abogados especializados en estas labores que, en promedio, tuvieron 665 requerimientos cada uno, esto es, el más alto de Chile.
Representamos esta situación a la Defensoría Nacional y conseguimos que se asignaran recursos para un tercer equipo de defensa penitenciaria completa. Esto incluye no sólo al abogado especializado, sino también a un asistente social y un asistente administrativo. El nuevo cargo estará radicado en Curicó y se hará cargo –de manera preferente- de atender los requerimientos de las unidades penales de Curicó y Molina”.

 

¿Entonces Talca y Linares no tendrán modificaciones?
“Claro que no. El abogado asignado a las unidades penales de Talca seguirá radicado en esta ciudad; así como el abogado que tiene asiento en Linares, cubre la unidad penal de dicha ciudad, además de Cauquenes y Parral. Estamos muy contentos con este nuevo cargo porque nos ha permitido atender de mejor forma los requerimientos y, además, actuar de manera más focalizada respecto a las libertades condicionales. En abril pasado comenzaron las postulaciones y el resultado fue que se aprobaron el 80% de las solicitudes en la Comisión Judicial que encabeza la Corte de Apelaciones de Talca. Y ello sin que fuera necesario presentar recurrir de amparo, aunque igualmente los ganamos todos”.

 

¿Cómo interpretan ustedes esta situación pensando que antes, en el caso específico de Talca, se rechazaban la mayoría de las libertades que había aprobado Gendarmería?
“Lo que pasa es que aquí hubo un cambio de paradigma que, en gran parte, se debe a la labor de los defensores penitenciarios en todo Chile y, especialmente, en la Región del Maule. Antes se aprobaban no más del 15% de las solicitudes de libertades condicionales y, ahora, bordean el 80%. O sea que el cambio es notorio”.

 

¿Estima la Defensoría –como lo han manifestado fuentes judiciales- que sería mejor volver a una instancia administrativa para resolver estas solicitudes y no jurisdiccional? Porque, en la práctica, los jueces ahora se limitan a verificar requisitos…
“Pero igualmente hay un 20% que no pasa ese filtro, lo cual significa que
existen restricciones, aunque están siendo más amplias las posibilidades de las personas de seguir cumpliendo sus penas en modalidad que no sea carcelaria.


No olvidemos que la libertad condicional es una forma de seguir cumpliendo una condena. No se rebaja la sanción y tampoco se perdona nada. Lo que ocurre es que en virtud de la buena conducta y las capacitaciones laborales o educacionales que facilitan las unidades penales que administra Gendarmería, se da la posibilidad de seguir cumpliendo la pena en libertad.
Ahora decidir que se cambie de una comisión judicial a una instancia administrativa es algo que excede las atribuciones de la Defensoría Penal Pública, porque esto se regula por ley. Si se hace vía jurisdiccional o administrativa no es lo importante. Aquí lo relevante es que las personas puedan salir del encierro, si es que su buena conducta y su desempeño lo ameritan”.

 

¿Cuál es la evaluación de la Defensoría respecto a la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva para imputados que están en proceso de investigación?
“A nivel país la situación es preocupante. En su cuenta pública, el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, mencionó que entre los años 2006 y 2017 se duplicó el número de detenidos en prisión preventiva en las cárceles de Chile, esto es, personas que están esperando un juicio donde pueden ser absueltos o condenados.
Esto es, retrocedemos a los números que teníamos antes del año 2000, o sea, previo a la reforma procesal penal. Y eso no es lo normal, porque lo normal es que en la cárcel estén las personas que cumplen condenas y no aquellos que esperan un juicio, ya que el principio es que mientras no exista un pronunciamiento de un tribunal, con todas las garantías procesales, entonces se debe seguir presumiendo que las personas son inocentes.
Y lo normal es que las personas esperan sus juicios en libertad, salvo casos excepcionales. Pero lo que está ocurriendo hoy es que esas excepciones han pasado a constituir la regla general”.

 

¿Por qué se registra ese fenómeno?
“Esto ocurre por distintas razones. Yo creo que los jueces de garantía tienen su responsabilidad, pero también los fiscales que piden esta medida cautelar en más casos que los necesarios y, finalmente, las leyes que se han dictado y que han restringido las facultades de los jueces para estimar que la prisión preventiva no procede en todos los casos. Pero también podemos tener responsabilidad nosotros, como defensores, que no debatimos con la suficiente fuerza y no llegamos hasta las Cortes de Apelaciones o la Corte Suprema rebatiendo esta medida cautelar. Y eso es algo que nos preocupa”.

 

¿En la Región del Maule se vive una situación similar?
“Aquí eso no ha acontecido. Nosotros revisamos nuestras cifras y nos arrojan que no tenemos más solicitudes de prisiones preventivas durante el 2017 que el año anterior”.

 

¿Qué ocurre con los casos de imputados que quedan en prisión y, finalmente, son declarados inocentes por falta de pruebas o la fiscalía no sigue adelante en las investigaciones?
“Eso nos preocupa mucho debido a que, por cuanto año consecutivo en nuestra región, sigue aumentando el número de personas que estuvieron en prisión y, luego, terminan siendo absueltos o no se persevera en su contra.
El 2017 nosotros registramos 128 personas y, el año pasado, fueron 98, es decir, este índice se incrementó en un 12%. Y el 2016 eran 89 casos. Es decir, mientras más se otorga la medida cautelar de prisión preventiva, también aumenta el peligro de que caigan personas que no son necesariamente responsables de un delito.
Y si eso lo aplicamos a lo que ocurre con los casos de la ley de responsabilidad penal adolescente, podemos constatar que la cifra es aún mayor. Sobre el 50% de los adolescentes que quedan en internación provisoria en régimen cerrado terminan con condenas que cumplen en libertad. Es decir, derechamente se está haciendo un mal uso de esta medida cautelar. Y sobre eso queremos llamar la atención”.

 

¿Y cómo responder, entonces, a la presión social por tener a todos los imputados en prisión?
“Lo que podemos pedirle al Estado es que regule de mejor manera y que se explique debidamente a la gente el rol de las medidas cautelares en el proceso penal. No podemos pensar que la gente tiene la calidad de juez, porque los únicos jueces en Chile son los profesionales que han sido seleccionados para cumplir esa labor. Y ellos son los que deciden si una persona es culpable o no.
No somos nosotros, considerados individualmente como opinantes, y tampoco lo que se diga en redes sociales. Y las leyes están para cumplirlas. Allí se menciona claramente que la prisión preventiva es el último recurso que se debe utilizar. Eso es lo que -a lo mejor- la gente no tiene internalizado. En eso nos falta más educación cívica y darnos a conocer más como sistema jurídico penal. Es necesario llegar a la consciencia de las personas para que entiendan que a cualquiera le puede pasar y, además, cualquiera va a querer esperar su juicio en libertad y no en prisión. Como Defensoría Penal Pública hacemos un mea culpa en el sentido de que no hemos sabido explicar nuestra misión y el sentido que tiene respetar los derechos procesales de las personas acusadas de un delito”.

 

¿Qué se le responde a las personas que quedan en prisión preventiva y terminan siendo inocentes?
“Eso es tremendo. Nosotros, como Defensoría Penal Pública, estamos tratando de generar instancias de reparación. El Proyecto Inocentes es un tremendo aporte, porque allí se incluyen casos comprobados de personas que estuvieron privadas de libertad -a veces por años- y terminaron siendo absueltas. Tenemos 60 casos documentados.
En nuestra página web lo que hacemos es contar la historia de la persona que se vio afectada y la razón del equívoco. Porque cuando hay una persona que está en prisión por mucho tiempo y, después, se resuelve su inocencia, es porque hubo un error. En alguna parte, alguien falló. Puede ser el Ministerio Público, las policías, los jueces, los peritos o nosotros también como defensores”.

 

¿En Chile no se reconoce el error judicial?
“Existe como concepto legal en la Constitución, pero es tan restrictivo y excepcional, que son contadas con las manos los casos de personas que se han visto favorecidas con una indemnización del Estado por un error judicial. También esa es una propuesta, esto es, que se deben ampliar las posibilidades de que el Estado reconozca que se equivocó y que existan ámbitos de reparación económica o de otra especie, porque no necesariamente el dinero todo lo soluciona”.

 

¿Qué pasa con el anhelo de sacar adelante la ley de autonomía para la Defensoría Penal Pública?
“Reconocemos que actualmente los énfasis están por otro lado, pero nosotros no vamos a abandonar nuestro anhelo de la autonomía. Lo anunció el Defensor Nacional en las reuniones que tuvimos con él, días después que fuera confirmado en su cargo por el ministro de Justicia, Hernán Larraín.
El gobierno va a presentar el presente año 2018 un proyecto de ley que se elaboró ente la Defensoría Nacional y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Lo tenemos listo desde el 2016 y la idea es despacharlo pronto al Congreso, para que siga su trámite normal. Lo que se busca es lograr un cambio en una palabra en nuestra ley orgánica que contemple la autonomía.


No es un anhelo para que no nos controlen tanto. Todo lo contrario. Nosotros aceptamos los controles internos y externos. El objetivo final es cumplir con la instalación completa de un sistema penal que razona en base a la autonomía y los balances que existen entre dos instituciones. El Ministerio Público, al ser autónomo –y me parece muy bien que lo sea- genera y despliega un poder que es inmenso, en contra de las personas que están investigadas de cometer un delito. Y frente a eso, debe existir una Defensoría que esté en igualdad de condiciones, pudiendo no responder a los vaivenes políticos a la hora de cumplir con su misión, que es defender a cualquier persona”.

 

Hernán Espinoza

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