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Es el primer caso a nivel nacional que sanciona el Tribunal Constitucional

TC autorizó que carabinero cumpla condena por homicidio en libertad

Se trata de la primera sentencia que declara inaplicable una ley que descartó beneficios por casos de asesinatos

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 04 de Abril 2018

SANTIAGO/TALCA.- En una extensa sentencia de 26 páginas que cuenta con una prevención y tres votos disidentes, el Tribunal Constitucional (TC) acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional de una normativa legal que restringue el otorgamiento de penas sustitutivas para condenados por delitos de homicidios.
La solicitud fue realizada por la abogada, Blanca Rebolledo, y constituye el primer pronunciamiento en esta materia del TC. El caso especifico se refiere a la condena decretada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes en contra de un carabinero que presta servicios en Parral, quien fue sancionado a cinco años de presidio menor en su grado máximo.
Ello como autor del grave delito de homicidio de un joven poblador, hecho ocurrido el 9 de noviembre del año 2014. El imputado, de nombre Juan Marcelo Morales Cortés, recibió la pena sustitutiva de libertad vigilada otorgada por el mismo tribunal.

RECURSOS LEGALES
A continuación, la sentencia fue objeto de dos recursos de nulidad presentados tanto por la fiscalía como por la defensa. En el primer caso, se pidió anular el juicio por haber acogido la atenuante de colaboración con la investigación; mientras la defensa solicitó acoger la eximente de legítima defensa.
Al final, la Corte de Apelaciones de Talca rechazó ambas acciones legales y validó la sentencia original. Pero la fiscalía insistió con un recurso de apelación, cuyo objetivo era cuestionar la pena sustitutiva. Allí la defensa acudió al TC y el proceso judicial estuvo suspendio hasta el pronunciamiento final.

“DESPROPORCIÓN”
El dictamen del TC indica -entre otros aspectos- que “del examen cuantitativo en virtud del cual se compara el delito atribuido al requiriente con el resto de los delitos excluidos del beneficio de sustitución de pensa privativas de libertad, es posible advertir una sustancial desproporción”.
“En efecto, el quantum de su penalidad abstracta y concreta es muy menor en consideración a los otros, lo que configura una situación de irracionalidad y desproporción incompatible con la Constitución, lo que lleva a acoger la impugnación”, sostiene.
También subraya que “la disposicion que restringue las penas sustituvias de privación de libertad resulta desproporcionada e inequitativa respecto de personsa condenadas e incluso de delitos de mayor gravedad; además es idónea para cumplir los fines de reinserción social y protección de la víctima”.

HABLA LA DEFENSA
La abogada, Blanca Rebolledo, explicó ayer que “planteamos un requerimiento aplicable al caso concreto. El TC lo acogió porque existe desigualdad de mi representado en relación a otros condenados, sólo porque se trata de un homicidio”.
“Ahora mi representado comenzará a cumplir su condena en libertad. Es un fallo muy importante y contundente, pero -además- es el único en Chile hasta el momento respecto a este tipo de delito”, agregó.

MINISTERIO PÚBLICO
Por su parte, el vocero de la Fiscalía Regional, Rodrigo Peña, sostuvo que en la práctica, el Ministerio Público se tuvo que desistir ayer del recurso de apelación, luego de conocer el dictamen del TC. Pero subrayó que continuarán sosteniendo que el beneficio es inaplicable
“Es un tema muy complejo. Ocurre que esta normativa está cuestionada en relación a varias otras leyes, como la Ley Emilia y la nueva ley de control de armas. Y ahora ocurre respecto al delito de homicidio. Ya tuvimos otros pronunciamientos que declaró inaplicables las restricciones de penas sustitutivas”, dijo.
Peña subrayó que “una cosa es lo que ocurrió con la Ley Emilia y la ley de control de armas que establecieron penas inusualmente altas para esos delitos, pero una cuestión distinta es respecto del homicidio simple. Ahí se incorpora esta imposibilidad de obtener beneficios. A nuestro juicio, son cuestiones distintas, porque se trata del delito más grave y del bien jurídico más importante”.
Hernán Espinoza

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