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Audiencias se podrían extender por un mes

Tribunal oral fijó fecha para juicio contra ex administradora judicial

El bullado caso criminal tiene como única imputada a Alejandra Rojas, actualmente con arresto domiciliario total y que arriesga una pena máxima de 12 años de cárcel

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 21 de Marzo 2016

TALCA.- Para el lunes 25 de abril próximo, a partir de las 08.30 horas, fue programado el inicio de las audiencias en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca donde se resolverá la culpabilidad o inocencia de Alejandra Rojas, ex administradora del Juzgado de Garantía de Talca, en el grave delito de malversación de fondos públicos.

La imputada se encuentra, a la fecha, bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total en Temuco, capital de la Región de la Araucanía. Junto con programar el juicio, el tribunal también anunció la integración de la primera sala: será presidida por la jueza, Cecilia Díaz, acompañada por María Isabel González e Iván Villaroel.

De hecho, para notificar a la acusada, se despachó un oficio desde Talca al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco. En tanto, desde el propio Tribunal Oral de Talca se notificará a todos quienes integran los extensos listados de testigos ofrecidos por la fiscalía, las dos partes querellantes y la defensa particular de la imputada.

 

SANCIONES PENALES

En su acusación, la fiscalía -con 58 testigos, más 49 documentos y 15 peritos- exige la sanción única de cinco años y un día de presidio mayor, en su grado mínimo, por el primer delito de malversación de fondos públicos en “concurso medial” con el segundo hecho ilícito de uso malicioso de instrumento privado mercantil.

Por su parte, el CDE exigió penas separadas de 12 años de presidio mayor en su grado medio y 15 UTM por malversación de fondos público; más 4 años de presidio menor, en su grado máximo, más multa de 16 UTM, por el segundo delito. A ello suma una demanda civil por el total del monto sustraído, esto es, 127 millones de pesos.

A su vez, el segundo querellante, esto es, Humberto Paiva, juez del Juzgado de Garantía de Talca, presento acusación donde exigió la pena única de 10 años de presidio mayor, en su grado medio, más multa de 15 UTM, por ambos delitos, además de una demanda civil de 20 millones 500 mil pesos por daño moral y daño emergente.

Convenciones probatorias

El documento de “auto de apertura” consigna un total de nueve “convenciones probatorias”, esto es, circunstancias donde tanto la parte acusadora y la defensa están plenamente de acuerdo. Entre ellas, destaca que la imputada giró cheques desde las cuentas corrientes jurisdiccional y operacional del Juzgado de Garantía de Talca.

A ello se añade que la acusada está beneficiada por la irreprochable conducta anterior y que “se encuentra diagnosticada de diversos trastornos psiquiátricos y psicológicos que requieren una atención especializada”. Un dato relevante es que se excluyó una segunda circunstancia atenuante de cooperación con la investigación.

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