Colegios católicos

31 Julio 2018   1082   Opinión   Ricardo Retamal Ortiz
Columnista Diario El Centro
Ricardo Retamal Ortiz

Abogado Magíster de la UC

De acuerdo a las palabras del Papa Francisco, la Iglesia Católica chilena sufre de una “cultura del abuso”, manifestada en actuaciones y omisiones de sus más altas autoridades frente a las denuncias de agresiones sexuales en contra de menores de edad, y ahora último respecto de religiosas. 

O sea, se trata de una cultura abusiva que no distingue el ámbito en que se ejerce el ministerio de los sacerdotes y religiosos agresores. Uno de los contextos más sensibles de desempeño de sacerdotes y religiosos, sino el más, es el de las comunidades escolares de los colegios católicos, que atienden entre un 15 a 20 por ciento del total de la matrícula escolar del país, esto es, casi un millón de alumnas y alumnos menores de edad.
La labor preventiva de los padres demanda una comunicación permanente con sus hijos respecto de todos los detalles acaecidos en alguna de las actividades realizada en el colegio, verificando si el sacerdote o religioso incurrió en conductas abusivas o precursoras de daños a la intimidad sexual; si se trató de aislar al menor respecto del grupo en que participa.
En el contexto de aula, si el potencial agresor es un sacerdote o religioso que se vale de la docencia para aproximarse a los menores de edad, sería conveniente que los padres puedan acceder on line a través de sus smartphones a todo lo que sucede al interior de la sala de clases. La colocación de cámaras de vigilancia al interior de salas de clases es un tema conflictivo en general, pues los docentes estiman que se vulnera su libertad de cátedra.
Para mí, esta libertad debe ceder en favor de un bien superior que es la protección y cuidado en todo momento de los menores.
En fin, dado el desdoroso momento que experimenta la Iglesia chilena, los evidentes encubrimientos de tantas agresiones que se han ido comprobando en todo el país, pareciera razonable la salida de sacerdotes y religiosos de los colegios y que la labor educativa y de acompañamiento pastoral quede entregada exclusivamente a los profesores y demás profesionales preparados para relacionarse cotidianamente con menores de edad.
Esto es, separar lo educacional de lo pastoral, y que lo segundo se desarrolle siempre en presencia de los padres.