Martes, 11 de Diciembre de 2018
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Opinión

Compromisos pendientes en educación escolar

Ricardo Retamal Ortiz

Abogado Magíster de la UC

Entre los múltiples compromisos que las autoridades de educación del gobierno del Presidente Piñera tendrá que considerar, tiene especial relevancia la promesa del gobierno que culmina, en el sentido que las normas de fin al lucro no constituían una expropiación encubierta, y que para mayor seguridad se encontraba disponible el acceso a créditos bancarios con garantía Corfo, para que las nuevas corporaciones pudieran comprar los inmuebles escolares.
La letra chica dio cuenta de las restricciones administrativas, radicadas en las unidades regionales de avaluaciones del Servicio de Impuestos Internos, para ejercer el derecho a retasar los inmuebles escolares, lo que redundó en un menor valor para estas operaciones y en pérdida patrimonial para los pocos sostenedores que accedieron a esta modalidad de financiamiento.
Solo el Banco del Estado se mantiene ofreciendo este crédito con las limitaciones descritas en el valor de tasación de los inmuebles. El resto de la banca se ha restado de este financiamiento.
En el camino de implementación de la ley de fin al lucro, las actuales autoridades ya vislumbraban que la adquisición de los inmuebles por las nuevas corporaciones no era factible -¿dónde se fueron los recursos del fondo creado para las garantías Corfo?-, por lo cual incluyeron nuevas modalidades de arriendos de los inmuebles en las dos leyes misceláneas que complementaron la ley original de inclusión y fin al lucro.
La última de estas leyes entregó a la Superintendencia de Educación la función de fijar un valor de arriendo, sobre la base de una tasación bancaria, en un esfuerzo postrero por incorporar a los bancos a este proceso.
El sesgo político de los funcionarios de la Superintendencia, que ya sido denunciado en distintos ámbitos de la gestión educacional subvencionada, obliga a concentrar el esfuerzo en resguardar el patrimonio privado, por la vía de pedir retasaciones de inmuebles ante el Servicio de Impuestos Internos y los Tribunales Tributarios.
Son tareas que la nueva administración del presidente Piñera deberá encarar.

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