Miércoles, 19 de Septiembre de 2018
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Opinión

Con artillería pesada

Abraham Santibáñez

Premio Nacional de Periodismo

La buena noticia es que lo están pensando. El presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, anunció que se va a pedir nueva votación  para el polémico artículo que, so pretexto de impedir las filtraciones de las investigaciones del Ministerio Público, la Cámara Alta disparó su artillería más pesada sin precisar bien el blanco.

La mala noticia es que no será fácil concordar una modificación de la norma. Los fiscales han dicho que solo cabe “perfeccionarla”.

Algunos “padres conscriptos”, como los llamaba Topaze recordando su denominación oficial en la Roma Republicana, empezaron, sin embargo, a recular. Dar explicaciones no les resultó cómodo. Un periodista en comisión de servicio en el Congreso, confesó que le habían pasado “un gol de media cancha”. ¡Inexplicable! Alejandro Guillier fue mi compañero de celda en Capuchinos en 1988 porque el Ejército quería saber cómo averiguábamos lo que publicábamos en la revista Hoy.

La indicación no era difícil de entender. Simplemente pretendía endurecer las sanciones para quienes filtraren información sobre el trabajo de los fiscales: presidio en su grado mínima a medio, lo que significa entre 61 y 541 días de cárcel para cualquier “filtrador” o “publicador”, periodistas incluidos.

Solo en el consiguiente debate, se pudo apreciar que la nueva disposición iba mucho más allá de lo previsto por sus autores. Quien mejor explicó sus alcances fue el rector y comentarista Carlos Peña. Escribió: “resulta absurdo establecer una obligación de secreto sobre un oficio, como el periodístico, cuyo deber básico es exactamente opuesto al secreto: divulgar la información que se juzgue de interés público, como es el caso de la comisión de delitos y su investigación”. Planteó, además, que “es verdad que, en ocasiones, la libertad de informar de los medios puede llevar a imputaciones injustas, pero incluso si algo así ocurriera, esa responsabilidad debe ser posterior -y no ex ante-  a la información que se divulga”.

Diversas entidades, principalmente la Asociación Nacional de la Prensa y el Colegio de Periodistas coincidieron en cuestionar la medida.

“En este escenario uno tiende a pensar que hay un interés por generar un manto de protección a políticos que están asociados a ciertos sectores”, comentó la presidenta de la orden profesional, Javiera Olivares.

Todo esto, a mi juicio, ratifica una antigua sospecha: los legisladores siguen dando muestras de que la libertad de expresión les importa mucho menos de lo que dicen. Y, tanto o más grave que sus temores larvados, es la ligereza con que cumplen su bien remunerada labor.

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