Crisis del Ministerio Público y ausencia de controles

03 Mayo   407   Opinión   Roberto Navarro Dolmestch
Columnista Diario El Centro
Roberto Navarro Dolmestch

Académico Facultad de Derecho Universidad Autónoma de Chile

La crisis que enfrenta el Ministerio Público –que no es la primera, pero probablemente, la más mediática– es una buena oportunidad para reflexionar sobre una de las principales deficiencias estructurales del ente persecutor. Esta consiste en que la autonomía constitucional con la que fue dotado dicho órgano se ha transformado en una autarquía manifestada en la ausencia absoluta de controles externos sobre su gestión jurídica.
A los ciudadanos y ciudadanas solo nos queda confiar en que tal gestión global respeta los principios de legalidad, objetividad, eficiencia y eficacia; pero la ausencia de tales controles impide contar con certeza sobre su cumplimiento.
El ordenamiento jurídico no ha previsto una forma eficaz de investigar al fiscal nacional (debería hacerlo un fiscal regional dependiente del investigado), ni administrativa ni penalmente; y los fiscales regionales son, a su vez, investigados, por sus propios compañeros de labores que, o le deben solidaridad, o podrían responder a los intereses del fiscal nacional. Pero en ningún caso los mecanismos previstos por la actual legislación aseguran, estructuralmente, indagaciones (penales o administrativas) eficaces y objetivas.
Parece haber llegado el momento de analizar la modificación de la estructura orgánica del Ministerio Público, terminando su autarquía y, de esa forma, asegurando su autonomía en el ejercicio de sus funciones constitucionales.
En esa perspectiva, creo que es fundamental terminar con la estructura piramidal de la Fiscalía, atribuyendo a su Consejo General la definición de los criterios de actuación y, en definitiva, las definiciones de política criminal secundaria, el ejercicio de la superintendencia correctiva o disciplinaria y el control de la gestión jurídica. El fiscal nacional debería dejar de ser su jefe superior, para pasar a ser un órgano ejecutivo de las decisiones del Consejo General; y modificar la integración de este órgano: junto con los fiscales regionales, éste debería estar compuesto por representantes de fiscales y funcionarios, y por miembros externos provenientes del mundo jurídico y académico. Debería establecerse la figura de fiscales ad-hoc, externos al Ministerio Público, para la investigación a los propios fiscales; y aplicar criterios de transparencia activa en el ejercicio de la superintendencia correctiva por medio de la publicación de los resultados de las investigaciones administrativas que hoy no son conocidas y, por tanto, están sustraídas al escrutinio público.
Desde luego, son muchos los aspectos a debatir y definir, pero lo que es claro, es que el Ministerio Público requiere una reingeniería.