Descentralización: los conflictos no resueltos

20 Agosto   456   Opinión   Robert Morrison Munro
Columnista Diario El Centro
Robert Morrison Munro

Abogado, profesor Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Chile.

Desde su nacimiento, Chile ha sido una república unitaria, además de muy centralizada, hecho este último grave, atendida la conformación geográfica del país. Lo explico, que en 500 km. entre Santiago y Concepción, vive el 80% de la población. Es indicativo de una realidad. Lo mismo, la concentración de la inversión en el área metropolitana y, dentro de las regiones, en las capitales regionales.
El 2014 la Comisión Presidencial creada al efecto propuso tres reformas legislativas para descentralizar el país: a) la reforma constitucional para la elección directa de los gobernadores regionales, que se promulgó como la ley Nº 21.073 en febrero de 2018, y por la cual en octubre de 2020 se elegirán por voto popular los gobernadores regionales; b) la ley de transferencia de competencias, que es la ley Nº 21.074 de la misma fecha, que indica que el 2022 se comenzará a aplicar en régimen y estar terminada la transferencia de competencias desde el gobierno central a las regiones del país; c) la tercera fue una ley de presupuestos regionales, la que no tiene siquiera un proyecto sometido a tramitación legislativa.
La aprobación transversal de las dos leyes fue celebrada por las organizaciones regionalistas, ya que constituía un avance inédito, un cambio estructural del Estado, lo que no optó para que se indicaran de inmediato que era algo limitado y que existían importantes asuntos no resueltos en esa legislación con graves riesgos en la transición y aplicación de la misma.
Un reciente estudio del Centro de Políticas Públicas de la PUC destaca varios conflictos que, de no ser resueltos, pueden derivar en el fracaso de esta iniciativa, con grave perjuicio para el país, sus regiones y su gente. Veamos, desde lo básico, ¿cuáles son los gastos de funcionamiento de las nuevas estructuras?, no hay parámetros claros, y ello para los gobernadores electos en octubre de 2020, será motivo de conflicto.
Y respecto del traspaso de las competencias que el Ejecutivo debe hacer hasta el 2022, (pero que idealmente deben hacerse antes para obtener aprendizajes y poder hacer las adecuaciones que se requieran) y que están limitadas a ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo cultural y social, no está claro cuáles serán los fondos con los que se dispondrán para ello, y si hay errores en los costos no se podrá cumplir con esas tareas por la nueva autoridad. No es algo fácil definir esos costos, con los incentivos contradictorios que existen para su determinación al interior del Estado. Se dice que es el Comité de Ministros el que debe definir los recursos asociados a las competencias que se transfieren, pero no se indican criterios para ello.
Y pasemos al paso siguiente, una vez instalados, ¿cómo se evitarán las duplicidades entre el gobernador regional con el delegado presidencial?, que es el superior de los seremis. Hay en el tema un claro riesgo político, ¿cómo se diferencian?, los desafíos son comunes, pero las expectativas, responsabilidades y recursos serán distintos.
Cómo se manejarán los conflictos entre las autoridades centrales y los gobernadores electos, considerando que las regiones no tienen autonomía fiscal, incluso, en las tres áreas que se pueden traspasar hay vacíos en las políticas públicas, que indudablemente generarán conflictos en los distintos niveles de gobierno.
Lamentablemente, no se ha avanzado en una ley de presupuestos regionales, y ello es grave para lo antes expuesto. Hoy los fondos de las regiones son definidos en el presupuesto del país, y ¿cómo se va a definir luego con la figura de los gobernadores electos en medio? Ello es impredecible y las leyes vigentes no lo resuelven.
Se requerirá una secretaría técnica independiente políticamente que asesore y acompañe en los primeros años del proceso.
Si estos temas no se arreglan, el 2019 veo complejo realizar hoy una elección el año 2020. ¿Qué puede prometer en su campaña un candidato a gobernador, si no tiene recursos ni atribuciones importantes? Puede ello traducirse en un nefasto efecto sobre la dinámica política del país.
Algunos de estos temas pueden ser tratados en los 9 reglamentos de estas leyes que debe dictar el gobierno, en un plazo que vence en febrero de 2020. Para otros se necesitan leyes específicas que complementen, aclaren o rectifiquen las ya dictadas.
Si así no sucede, estos conflictos pueden hacer fracasar esta iniciativa. Los representantes políticos tienen la palabra.