Por la Dra. Nélida Ramírez Naranjo, académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule.
Hace un par de semanas, se realizó el lanzamiento de la iniciativa gubernamental que busca un amplio acuerdo social para elaborar el Proyecto de Ley de Reforma Previsional que será presentado al Congreso. La reforma es un imperativo urgente para la ciudadanía, dado el bajo nivel de pensiones que se perciben a través del actual sistema de capitalización individual administrado por las AFPs.
A modo de contexto, se puede indicar que las bases para la reforma se encuentran la declaración universal de los Derechos Humanos, donde se consignó que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. En general, los países de América Latina cuentan con una sólida tradición en programas contributivos de seguridad social, que se han beneficiado del crecimiento del empleo, se han extendido progresivamente a grupos no-asalariados y han sido complementados por políticas no contributivas.
Luego de 41 años de implementación del sistema de AFP los resultados son concluyentes y preocupantes. Un estudio realizado por la Fundación Sol (2022) indica que “El 50% de las personas que se pensionaron por vejez en febrero de 2022 y cotizaron entre 30 y 35 años, alcanzó un monto autofinanciado menor a $257.992. El 50% de las mujeres que se pensionaron por vejez en febrero de 2022 y cotizaron entre 30 y 35 años alcanzó una pensión autofinanciada menor a $207.529” ambos valores son inferiores al actual del Salario Mínimo.
La convocatoria a los diálogos para la construcción de un nuevo sistema de seguridad social es de carácter tripartito, ya que cuenta con la presencia del Gobierno junto a representantes de los trabajadores, a través de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y de los empleadores, mediante la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). Los diálogos se realizarán a lo largo de todo el país desde el 3 de mayo y hasta el 8 de junio de 2022. Se estima una participación de 1.600 personas en 16 diálogos regionales de 100 personas cada uno. El proceso será sistematizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, generándose reportes regionales y un informe nacional final.
La iniciativa de los Diálogos Sociales es complementaria a la institucionalidad democrática, expresada en sede legislativa en la cual ya existen proyectos de reforma, de esta manera los diálogos aportan una legitimidad social más amplia para los cambios hacia un auténtico sistema de seguridad social, que resguarde un abordaje colectivo de los riesgos del envejecimiento. Se espera que la reforma previsional se ajuste a los principios de la seguridad social, que han sido definidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a saber (I) garantía de prestaciones definidas; (II) participación de los empleadores y de los trabajadores en la administración de los regímenes; (III) la responsabilidad general del Estado en lo que se refiere a las prestaciones concedidas y a la buena administración de las instituciones; y (IV) el financiamiento colectivo de las prestaciones por medio de cotizaciones o de impuestos. Es esperable que una vez concluidos los diálogos y dado el consenso ciudadano relativo a la urgente necesidad de mejorar las actuales pensiones, se avance hacia un nuevo sistema de Seguridad Social para Chile.
