Dónde se cobran las victimas de pedofilia en la iglesia: vaya a cobrar a la FIFA

13 Octubre 2018   1534   Opinión   Ricardo Retamal Ortiz
Columnista Diario El Centro
Ricardo Retamal Ortiz

Abogado Magíster de la UC

En un escenario complejo con más de cien sacerdotes formalizados, investigados por el Ministerio Público, como eventuales autores, cómplices o encubridores de delitos de abuso sexual en distintos lugares del país, cabe preguntarse por los escollos con que se encontrarán las víctimas para obtener la justa reparación económica, además de la moral -si es que llega-, por el profundo daño que han experimentado.
El actual procedimiento civil en este sentido es funcional a la impunidad económica, fuera de la prescripción que cumple con igual resguardo.
Pero supongamos que existen facilidades legales, se cambian los procedimientos judiciales, se agilizan los trámites, y existe la posibilidad cierta de cobrar indemnizaciones. ¿Quién las paga?
Para explicar las dificultades de cobro lo mejor será recurrir a un ejemplo de actualidad: un ex alumno de un colegio de los Hermanos maristas demanda a un religioso de esa congregación (de derecho pontificio, o sea constituida en El Vaticano) por la agresión sufrida mientras estaba bajo el cuidado legal de dicha congregación. Habiéndose descartado el cobro respecto del religioso, dados sus votos de pobreza, el abogado averiguará por el sostenedor del colegio en que se verificó la agresión. ¿Con qué se encontrará? Con una fundación constituida en Chile de acuerdo a las normas del Código de Derecho Canónico, erigida a través de un decreto de un Obispo o Arzobispo, con rol único tributario aprobado por el Servicio de Impuestos Internos (sí, así es), sin patrimonio, sin bienes que respalden sus acciones. Se encontrará con una cáscara legal, aceptada por nuestras autoridades políticas y administrativas, que sólo sirve para recibir subvenciones estatales y pagar remuneraciones a docentes y no docentes. Nada más.
Por años los asesores de la Iglesia han utilizado figuras como ésta para precisamente evitar el riesgo de pérdida patrimonial, sea por fenómenos expropiatorios, sea por casos como los que se expondrán en lo sucesivo en el país a raíz de los casos de agresiones sexuales a cargo de sacerdotes y religiosos.
Como es posible apreciar, esta filigrana de roles tributarios en la administración de bienes de la Iglesia será un escollo muy difícil de superar para las víctimas de los abusos cometidos por eclesiásticos. Ya se alzan voces que postulan la cancelación de la persona jurídica de las congregaciones encubridoras y su expulsión del país. Sin embargo, para lo que es verdaderamente relevante, esto es, la reparación de las víctimas, lo más probable, en el actual contexto, es que se cumpla una vez más esta máxima tan propia de nuestra joven y famélica institucionalidad: vaya a cobrar a la FIFA.