Martes, 11 de Diciembre de 2018
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Opinión

El copy-paste no ha muerto

Abraham Santibáñez

Premio Nacional de Periodismo

La larga saga conocida como “el caso Caval” entró en una nueva etapa. Tal vez la última, aunque no está claro que lo sea realmente. Un aspecto relevante esta vez se refiere al plagio en tiempos de computadores e Internet.
El fiscal jefe de la Fiscalía Regional de O’Higgins, pidió la semana pasada la formalización de Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Michelle Bachelet. El escrito basa el pedido en su eventual participación y responsabilidad en el delito de estafa, ocurrida en el año 2012, en su calidad de gerente de proyectos de la firma Caval. Se pide, además, reformalizar a Natalia Compagnon y a su ex socio, Mauricio Valero, por los mismos hechos.La audiencia está fijada para el 28 de marzo.
El complejo tema plantea varios ángulos para el análisis. El primero es la tardanza. En este caso, la formalización se hará luego del término del período presidencial de Michelle Bachelet. Han sido tres de cuatro años, tiempo que ha empañado de manera indeleble al gobierno. Hay quienes estiman que el daño principal ya se hizo. Otros discuten si es una “mancha” o una “manchita”. Pero el hecho es que -como todos los casos similares, en especial los referentes al financiamiento irregular de la política- ha habido aquí un retraso difícil de justificar o comprender.
Este aspecto del caso se originó en una querella del empresario Gonzalo Vial Concha. El recurrió a la justicia debido a que pagó más de mil millones de pesos por informes presentados por Caval. Lo grave -y esto abre otro frente- es que habrían sido plagiados de documentos difundidos en Internet por Cochilco.
Sebastián Dávalos ha sido categórico en este tema: “Quiero dejar en claro que yo no tuve participación alguna en la elaboración de dichos informes”.
El problema es que los informes existieron y no cabe duda de que fueron confeccionados mediante el sistema popularmente conocido de “copy-paste”, es decir, copiar y pegar. El énfasis de la fiscalía está en que el pago se hizo mediante boletas falsas, facilitadas por “boleteros” que ni siquiera tenían idea de a qué correspondían.
En este punto surgen por lo menos otros aspectos. En primer lugar es comprensible la reacción del empresario Vial Concha al enterarse de que pagó cuantiosas sumas por documentos que podría haber obtenido gratis de Internet. Preocupa, en segundo lugar, el no respeto de la propiedad intelectual de los autores reales de los informes. Aunque estos documentos pueden ser utilizados libremente, nadie tiene derecho a copiarlos y venderlos como suyos. Es decir, a plagiarlos.
A mi modo de ver, no se le ha dado a este hecho la importancia que tiene.
En 1833 la Constitución estableció que; “Todo autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento, o producción por el tiempo que le concediere la ley”. La disposición se ha mantenido en el tiempo.
En agosto de 1970 se actualizó en las postrimerías del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Pero solo en este siglo se agregaron consideraciones relativas a la era digital. Y aunque en colegios y universidades se descubren a menudo casos flagrantes de plagio, en el periodismo y en los negocios públicos y privados, nadie puede excusarse de no conocer lo esencial: el plagio es un robo imperdonable.

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