Garantía de calidad en salud

31 Julio 2018   1357   Opinión   Manuel José Irarrázaval (*)
Columnista Diario El Centro
Manuel José Irarrázaval (*)

Director Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS) U. San Sebastián

La Ley AUGE-GES, garantiza a la población chilena la atención a enfermedades priorizadas mediante un acceso oportuno, con adecuada protección financiera y de calidad. Última característica que ha descansado en la llamada acreditación de los prestadores: profesionales e instituciones. 

Desde el inicio fue evidente que esta exigencia era difícil de cumplir, por lo que su implementación fue pospuesta varias veces, ejecutándose gradualmente a partir de 2012.
Sin embargo, la información publicada recientemente por la Superintendencia de Salud, en donde evidencia que más del 90% de los hospitales y clínicas previamente acreditadas, al ser revisados un año después, no cumplen con dimensiones tan relevantes como un plan de mantenimiento de equipos, con una ficha clínica única individual y con un sistema de vigilancia de infecciones intrahospitalarias, son incumplimientos y causales de no acreditación de calidad.
Además, el proceso original de acreditación de las instituciones prestadoras, por ser de una época inicial, tuvo un foco casi exclusivo en aspectos relativos a la infraestructura física de los recintos de salud, y a los protocolos que establecen y regulan procedimientos y decisiones clínicas, los cuales exigen un volumen de detalle administrativo extremo, pero que siendo elementos necesarios, no garantizan el buen resultado clínico.
Los pacientes no concurren a los hospitales o clínicas por sus buenos protocolos y estructura: sino porque esperan curación o alivio y apoyo de sus dolores. Aspecto tan central y razón de ser del sistema, pero que no es parte de la evaluación dentro del proceso de acreditación de calidad que se mide actualmente.
Esta es una situación inaceptable, no solo debemos exigir el completo cumplimiento de la acreditación original y aplicar las sanciones establecidas por la ley, sino que ya es el momento de avanzar a una nueva acreditación 2.0 que responda a la verdadera necesidad de los pacientes: resultados clínicos.
Con ese sentido, debemos incorporar en esta nueva etapa de certificación de calidad, información acerca de resultados clínicos relevantes como mortalidad operatoria, infecciones intrahospitalarias, errores terapéuticos y complicaciones derivadas de las atenciones, los que además de ser importantísimos, son fácilmente identificables y medibles.
Por último, en estos tiempos de empoderamiento y transparencia, esta información debería hacerse pública de modo de estimular a los responsables a mejorar en su desempeño, pero muy fundamentalmente, para permitirles a los enfermos, a los pacientes y a los usuarios, tomar decisiones libres y bien informadas acerca de dónde y de quién recibir atención para sus dolencias.
Debemos poner en marcha la difusión de los indicadores clínicos de los establecimientos de salud, de manera que los ciudadanos de nuestro país puedan conocer y confiar en el prestador al que acuden para tratar sus dolencias.