Sábado, 15 de Diciembre de 2018
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Opinión

Gratuidad

Ervin Castillo A.

Fundación Talca

Lo dijimos a través de diversas entregas en este mismo medio, cuando la política de la gratuidad en la educación superior comenzaba a ser abrazada por las fuerzas políticas de la Nueva Mayoría y por cierto de los sectores más de izquierda de nuestro país. El derecho social a la educación se enarbolaba como elemento central en la discusión del acceso a las universidades, y lo demás, parecía ser netamente accesorio. Poco importó el conjunto de aspectos que se describieron en torno a los efectos colaterales que una política de esta envergadura podría arrastrar.
Definitivamente, nada fue demasiado relevante, comenzando con su implementación de manera gradual, dejando así también a varios sectores descontentos, quienes pretendían literalmente arrasar con todo lo que se tenía hasta su minuto. En las últimas semanas, distintas han sido las voces que acusan lo que ha significado la política pública en cuestión, generando temas no menores para ciertos planteles de educación superior, como el caso de la Universidad de Talca, en donde nuestro Rector, Álvaro Rojas, ha declarado en relación al severo daño patrimonial de la gratuidad, por el sostén económico del que debe hacerse cargo la Universidad ante el porcentaje alto de estudiantes que no concluyen sus carreras en los tiempos establecidos de manera original, cosa que en la práctica es mucho más habitual de lo que se pueda creer.
Pero no contento con ello, y ya no desde una perspectiva económica, el aspecto social de esta reforma también parece haberse contemplado de mala forma, ante el conocimiento de un estudio que demuestra que la vulnerabilidad económica no estaría necesariamente asociada con los beneficios de financiamiento estudiantil. Aproximadamente 10.000 dentro de los requisitos y márgenes para recibir sus estudios gratis, no obtuvieron el beneficio, siendo más de 4.000 de ellos estudiantes reconocidos como prioritarios por el Estado de Chile, lo que significa que debiesen tener, al menos en el papel, un trato preferente por ser parte del 80% más vulnerable de nuestra sociedad.
El descuento en ramas como la investigación, la docencia o la extensión, son también parte de las consecuencias de una política, que por la manera en que fue diseñada e impuesta moral y políticamente, ha terminado por mostrarse sus múltiples rostros.

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