Gratuidad

11 Abril   435   Opinión   Ervin Castillo A.
Columnista Diario El Centro Ervin Castillo A.
Ervin Castillo A.

Fundación Talca

Extender la duración del beneficio de la gratuidad más allá del plazo de duración formal de las carreras es el nuevo coro recitado por una cantidad importante de rectores de vastas Universidades de nuestro país. ¿Qué ocurre? El proyecto que ellos mismos alabaron y comprometieron su férreo apoyo, no supo enfrentar el déficit que se generaría por el valor que recibiría cada Universidad por estudiante, en relación al costo real que significa financiar la educación de cada persona.
Todo esto, por cierto, advertido por las voces académicas, políticas y estudiantiles, que, en su minuto, nos opusimos a la forma de implementación de la política de gratuidad, la que lejos de ser consensuada y bien ponderada, careció de los necesarios acuerdos, transformándose en una suerte de imposición moral de la cual quién se declarase en contra arriesgaría las penas del infierno.
Con el tiempo, era que no, hemos comenzado a notar varias de las consecuencias que en esta misma tribuna expusimos hasta ya bastante tiempo. Los planteles están acarreando déficits económicos relevantes, que están ocasionando desarreglos institucionales fuertes en la administración de los recursos para poder tapar los hoyos que dejan los recursos insuficientes que se reciben por la educación de cada estudiante.
Lejos de asumir obligaciones como por ejemplo, apuntar hacia la reducción de la duración de las carreras, como ya lo hacen desde hace años los países del primer mundo, los rectores han comenzado un lobby con el gobierno y el legislativo para poder cambiar esta situación en las futuras glosas presupuestarias, situación que junto con intentar parchar errores de fondo como el de no preparar mejor la educación en los niveles primarios previos a la educación superior, viene a ser una situación particularmente injusta si consideramos que si se pretenden cambios estructurales, es en los sectores de educación temprana y escolar donde se debiesen concentrar los principales esfuerzos. En las últimas semanas, han pasado desapercibidos para la opinión pública datos muy duros sobre nuestro sistema educativo, que, al parecer por conveniencia, ciertos personajes han preferido no pronunciarse. Según la encuesta Casen, casi 140.000 jóvenes chilenos entre los 6 a 21 años se encuentran excluidos del sistema escolar, cifra que incluso contrasta con los casi 360.000 que estipula un reciente estudio de la Dirección Social Nacional del Hogar de Cristo en conjunto con el Centro de Investigación Avanzada de la Universidad de Chile, el Centro de Justicia Educacional de la UC y la UNICEF. ¿Quién habla o pide por ellos? Parece no importar.
Así las cosas, y mirando solamente su propio ombligo, algunos quieren seguir poniendo la carreta delante de los bueyes, obviando las necesidades más próximas que requiere la educación de Chile, como es la de comenzar a ocuparse de los postergados de siempre, aquellos que no marchan, y en cuyas manos estará el futuro de Chile.