Miércoles, 19 de Septiembre de 2018
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Opinión

Interés superior del niño y la Constitución

Jaime Venegas Valenzuela

Abogado Unidad de Estudios Regional Defensoría Penal Pública Región del Maule

Los últimos acontecimientos acaecidos en el ámbito nacional, en relación a los adolescentes, nos invitan reflexionar en torno a uno de los principios fundamentales en el trabajo con niñas, niños y adolescentes: el interés superior. Así, la Convención de los Derechos del Niño, establece la obligación de los integrantes de las instituciones públicas o privadas, así como el  Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y en todas las instituciones que ejercen cualquier actividad pública o privada, el considerar en su labor propia de manera primordial este interés superior.

De tal importancia es que los cuerpos legales que regulan las relaciones de familia, así como los derechos y obligaciones de los ciudadanos, como el cuerpo normativo que regula la determinación de la responsabilidad de los menores infractores de ley, los consagran de manera expresa.   

Como principio, debe orientar en cada decisión que ha de adoptarse en los diversos ámbitos de la vida partiendo por cierto de la propia familia, la que debe generar, espacio de protección, debiendo adoptarse todas las acciones tendientes al fortalecimiento de la misma, como medio natural de desarrollo.

Exige, además, una labor permanente de coordinación entre los diferentes servicios y actores de la vida pública y privada, de manera que el esfuerzo individual se potencie de forma enérgica, en torno a obtener el bienestar de los niñas, niñas y adolescentes en todos los ámbitos de la vida.

Como puede observarse es un principio de tal trascendencia para la organización de nuestra sociedad,  que sin embargo, no encuentra consagración expresa en nuestra Carta Fundamental.

Pero, ¿por qué es importante que se contemple? Pues bien, en ésta se consagran los valores, instituciones, principios y garantías que por expresión de la soberanía de los pueblos estiman de relevancia respetar observar y exigir. Es por ello que en estos días debemos pensar en torno a la deuda pendiente que como sociedad chilena le debemos a nuestros niños, sin que esto signifique una actitud conformista en torno a su consagración expresa en la Carta Fundamental, sino que esto tiene que traducirse en un desafío permanente para todos los chilenos, en torno a respetar y promover los derechos esenciales de nuestros menores.

Creo que el escenario actual de nuestro país, en que se nos invita a participar en la construcción de una Constitución Política, debe servir como instancia de debate y reflexión para instalar y consagrar los derechos concernientes al bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes.

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