La absoluta necesidad de fiscalizar

07 Julio 2018   1159   Opinión   Ricardo Retamal Ortiz
Columnista Diario El Centro
Ricardo Retamal Ortiz

Abogado Magíster de la UC

En la absoluta necesidad de fiscalizar el proceso de reforma escolar de la educación chilena también observamos otros hallazgos. Por ejemplo, hay colegios que nunca, nunca son fiscalizados, versus otros que ya tienen una oficina predispuesta para la visita mensual de los fiscalizadores. Tampoco se entiende mucho esto. Menos la agresividad en algunos procedimientos.
Otros aspectos de interés están representados en la sospecha de asesorías directas de funcionarios del Ministerio hacia sostenedores privados. Es de esperar que con el incremento proyectado de las sanciones penales para los delitos de soborno y cohecho, este tipo de prácticas pueda ser desterrada del ámbito educacional.
De seguro me dirán que nada de esto existe. Nada comprobable judicialmente, que es nuestro estándar. Vengan de a uno como dicen los tuiteros.
Me pregunto si las nuevas fundaciones sostenedoras lo son o sólo lo parecen, si hay abuso de forma de la ley tributaria. También si acaso está recibiendo subvención alguna fundación canónica, que no se contempla como persona jurídica autorizada para gestionar el recurso fiscal.
Muchas dudas. Lo único objetivo en esta maraña de intereses es que estamos lejos en el ranking OCDE de España y Portugal, países que nos anteceden en cifras de la prueba PISA del año 2015. Que con cada año de mala calidad de la enseñanza que sufre un niño, éste va progresivamente congelando su futuro y sus posibilidades de surgir y progresar en igualdad de derechos en nuestra sociedad.
Puede que ante tanta realidad oscura, el SIMCE sea efectivamente un indicador básico, pero capaz de ayudar a discernir cuál es el objeto de la supervigilancia del Estado hacia los establecimientos educacionales, ese que propende a verificar el buen uso de los recursos fiscales, priorizando la fiscalización hacia a aquellos sostenedores de evidente mal desempeño.
Sería una señal clara para prevenir los actos de corrupción.