La modernización del Ministerio de Educación

26 Marzo 2018   1099   Opinión   Ricardo Retamal Ortiz
Columnista Diario El Centro
Ricardo Retamal Ortiz

Abogado Magíster de la UC

 

El presupuesto para el 2018 del Ministerio de Educación en Gastos de Personal asciende aproximadamente a 800 millones de dólares. Este Ministerio es un gigante que integra a la Superintendencia de Educación, la nueva Dirección de Educación Pública y los nuevos
Servicios Locales de Educación, fuera de la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Agencia de Calidad. Es un enorme esfuerzo el que hace el país en este financiamiento de la reforma escolar, que propende a nivelar la cancha entre colegios públicos y privados, en la atención de alumnos que requieren del apoyo del Estado para poder estudiar.
Pero, ¿existe conciencia de lo que se está gastando en estas instituciones y funcionarios? Mi visión se acota al ámbito del sistema escolar.
Tratándose de las funciones que deben cumplirse a nivel de fiscalización de colegios subvencionados, es más o menos claro que existe duplicidad de organismos encargados de este cometido.
En materia de recursos fiscales recibidos por las instituciones educativas, tanto la Contraloría General de la República como la Superintendencia de Educación poseen la facultad legal de pedir la rendición de cuentas de estos recursos, con la diferencia que la
Contraloría posee un Tribunal de Cuentas que asegura un debido procedimiento administrativo. En el caso de la Superintendencia, en caso de conflicto hay que recurrir a las Cortes de Apelaciones que muchas veces desconocen las normas propias del sector educacional y tienden a extender la apariencia de legalidad de los actos administrativos a prácticamente una presunción de derecho. Tanto Educación 2020 como las actuales autoridades del Ministerio de Educación han destacado la necesidad de simplificar los procedimientos de rendiciones de cuentas, de manera que las instituciones educativas no distraigan recursos, tiempos ni personal hacia estas tareas. Es evidente que no se está aprovechando la experiencia casi centenaria de la Contraloría en esta materia.
Entonces, la modernización del Estado en el caso del Ministerio de Educación no pasa ni siquiera con revisar los procedimientos, con darles agilidad, o mejorar la capacitación de los funcionarios. Se trata de un aspecto mucho más básico: que se ordene la fiscalización entre los distintos órganos administrativos ya involucrados, y que se le de coherencia a las actuaciones funcionarias para evitar la duplicidad de funciones. No es popular, pero el exceso de funcionarios destinados al efecto ya no admite discusión.