Martes, 16 de Octubre de 2018
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Opinión

La vuelta de la pena de muerte

Abraham Santibáñez

Premio Nacional de Periodismo

Si se mira fríamente, podría ser un buen negocio. Es más barato ajusticiar a una persona que mantenerla presa de por vida. “Hay seres humanos que no merecen ser alimentados y encarcelados”, se señaló en una carta al Presidente electo Sebastián Piñera pidiendo un plebiscito para reponer la pena de muerte en Chile. “Es un concepto que debe ser discutido por los chilenos”, proclamaron los diputados Osvaldo Urrutia, Ignacio Urrutia, Celso Morales y Pedro Álvarez-Salamanca, junto al recién electo Sergio Bobadilla.
Los parlamentarios de la UDI aseguraron estar motivados por el “profundo pavor y tristeza del asesinato de Sophie”, la menor de un año once meses muerta en Puerto Montt.
La pena de muerte existió en nuestro país durante 112 años. La lucha por lograr su derogación se prolongó hasta 2001 durante el gobierno de Ricardo Lagos. El 11 de marzo de 1990, el mismo día en que asumió el poder, el Presidente Patricio Aylwin, presentó un proyecto de ley que pretendía su eliminación. Ese primer intento fracasó en el Senado, donde se impuso una mayoría opositora.
El nuestro fue el país 109 del mundo que abolió la pena de muerte. En un rito dispuesto por el Papa Juan Pablo II, el 19 de junio de 2001 se iluminó el Coliseo para celebrar la medida.
La historia es larga. Contrariamente a lo que podría creerse, la instauración de la pena de muerte tuvo su origen en la intención de no dejar espacio a la venganza personal. Santo Tomás de Aquino, en la Summa Theologica, aunque acepta la pena de muerte, rechaza la idea de que pueda ser un ejercicio privado: “Si un hombre es peligroso a la sociedad y la corrompe por algún pecado, laudable y saludablemente se le quita la vida para la conservación del bien común. Mas el cuidado del bien común se ha comisionado a los gobernantes que tienen la autoridad pública. Por tanto solo a ellos compete el matar a un malhechor, y no a las personas particulares”.
En los últimos años, la Iglesia Católica, en la voz de su autoridad máxima, el Papa, ha mantenido un persistente rechazo a la pena de muerte. En su encíclica “Evangelium Vitae” de 1995, Juan Pablo II, si bien condenó el aborto, la anticoncepción y la eutanasia, declaró que la pena de muerte era fundamentalmente innecesaria.
El Papa Francisco ha sido aún más rotundo. En 2015, en el Congreso de Estados Unidos, país donde varios estados mantienen la pena capital, explicó sus razones: “Cada vida es sagrada, cada persona humana está dotada de una dignidad inalienable y la sociedad solo puede beneficiarse de la rehabilitación de aquellos que han cometido algún delito”.
El intento de reabrir el debate en Chile ha tenido pocos seguidores. La mayoría concuerda probablemente con Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
Retornar a este tipo de castigo, ha dicho, “desde la perspectiva de derechos humanos, sería, sin duda, un retroceso (...) Enfrentar la violencia imponiendo más violencia no soluciona… el problema. Nos oponemos a la pena de muerte en todos los casos. Para Amnistía la pena de muerte es, en sí misma, una violación a los derechos humanos. Es, obviamente, una violación al derecho a la vida y quizás, el trato o pena cruel, inhumano y degradante más extremo posible”.
Nada que agregar.

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