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Opinión

Los bemoles del indulto

Abraham Santibáñez

Premio Nacional de Periodismo

El 3 de marzo de 2000, tras 503 días de arresto en Londres, Augusto Pinochet, el más famoso indultado de nuestra historia, llegó al Grupo 10 en un avión de la FACH. Salió en una silla de ruedas, la cual fue bajada a la losa del aeropuerto en un ascensor especialmente acondicionado. Una vez en tierra, el viajero se puso de pie y saludó rebosante de vitalidad. En rigor, no había sido indultado: el ministro británico del Interior, Jack Straw, decidió -según los exámenes médicos- que no estaba en condiciones de ser juzgado. Había pasado su detención en la clínica donde fue operado, y luego, en una casa arrendada en Virginia Water.
La imagen del saludo, con el bastón en alto, sorprendió a las autoridades chilenas que se jugaron por su liberación. Y, posiblemente, la tuvieron en mente los asesores de Alberto Fujimori, quien no salió de inmediato de la clínica luego de ser indultado “por sufrir un mal progresivo, degenerativo e incurable”. Igual, sin embargo, quienes creen que Fujimori no merecía la libertad, manifestaron su indignación. Les molesta, sobre todo, lo que parece evidente: el indulto -negado anteriormente por el propio PPK- es el resultado de una negociación que le permitió a Pedro Pablo Kuczynski mantenerse en el poder.
El indulto, es una institución discutida. Se fundamenta, desde siempre, en el origen divino de la autoridad. Se ha mantenido en la mayoría de los países democráticos, incluyendo Chile. Es una disposición constitucional que se concreta mediante un decreto supremo del Presidente de la República, quien puede concederlo o no de manera discrecional.
Según el profesor Juan Pablo Beca Frei, de la Universidad de Temuco, “una de las críticas más importantes que se hacen al indulto… consiste en que importa una flagrante intervención de los Poderes Legislativo y Ejecutivo en el Poder Judicial, ya sea mediante una ley de indulto general en el primer caso, e indulto particular en el segundo. (Ello) inevitablemente altera lo establecido por sentencia ejecutoriada en un proceso penal legalmente tramitado tendiente al aseguramiento de un resultado justo y equitativo, con respeto a las garantías de ambas partes involucradas… En definitiva, lo que hace -de cierta forma- es actuar en contra del debido proceso, consagrado como garantía procesal en nuestra Carta Fundamental”.
Estas características explican el repudio ante la decisión de PPK y otras similares en la historia reciente.
Las encuestas, por ejemplo, mostraron que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses desaprobaban el perdón concedido por Gerald Ford a Richard Nixon, tras renunciar por su responsabilidad en el Caso Watergate. El respaldo popular a Ford cayó devastadoramente y, dos años más tarde, fue derrotado en las elecciones presidenciales.
La historia norteamericana recuerda otros casos controvertidos: se habla de miles de perdones concedidos por Andrew Johnson tras la Guerra de Secesión, la amnistía de Jimmy Carter para los desertores de la guerra del Vietnam, el perdón de George H. W. Bush a funcionarios de la administración Reagan, condenados por el escándalo Irangate, y el perdón concedido por Bill Clinton a terroristas en su último día de presidencia.
Ninguno, sin embargo, fue fruto de una negociación política.

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