Mucho ruido, pocas nueces

11 Mayo 2018   1162   Opinión   Ricardo Retamal Ortiz
Columnista Diario El Centro
Ricardo Retamal Ortiz

Abogado Magíster de la UC

Que la reforma está mal hecha, que perjudica a los sostenedores privados, que el ministro pide perdón por lo que han sufrido los colegios, etc.
Pero, ¿qué se ve en la práctica, en el día a día, en la relación del Ministerio de Educación y los colegios subvencionados?
Recientemente, los nuevos sostenedores sin fines de lucro tuvieron que cumplir con la declaración anual de información a la Superintendencia de Educación, a través de una plataforma web diseñada al efecto. Y sucede que la mayor parte de la información correspondía al anterior sostenedor. En muchos casos, en la plataforma habilitada para el colegio figuraba el rut del anterior sostenedor.
Ninguna instrucción se emitió desde la Superintendencia para explicar esta disociación. Sólo se observó como “apoyo” del proceso las llamadas de los funcionarios presionando a directores de colegios para cumplir con el trámite, a todo evento.
Soy de la opinión que ejemplos como lo sucedido con la declaración de sostenedor, son demostraciones de las graves deficiencias técnicas de la ley de inclusión, tal como ha sucedido con otras iniciativas del anterior gobierno: aborto en tres causales, servicio del consumidor, reforma tributaria, etc. La premura legislativa conspiró contra la necesaria perfección de leyes de la República.
No obstante lo anterior, la implementación de la reforma escolar -como hemos señalado- sigue adelante, a cargo muchas veces de funcionarios que quedaron instalados por el Gobierno de Bachelet.
El lector dirá “¿y qué se queja el columnista?, más trabajo tendrá”. No es la idea.
En toda reforma lo que se espera es la claridad y transparencia en su implementación: la seguridad jurídica. Y eso no está sucediendo tratándose de la ley de inclusión. Pareciera que las nuevas autoridades o no conocen de estas deficiencias, o las aceptan, o bien existe algún tipo de acuerdo para que todo siga igual, con perjuicio para aquellos colegios que seguirán tranquilos y confiados hasta que sus alumnos migren a otros colegios privados más grandes o al servicio local de educación.
Un aspecto sí rescato en estas semanas de instalación del nuevo gobierno. Haber puesto el foco en la calidad de la enseñanza, y liberar los puntajes SIMCE (www.agenciaeducacion.cl). Se supone que con esto se preparan las visitas de la Agencia de Calidad a los establecimientos, así como su clasificación según rendimiento.
Una autoridad debe ejercer sus facultades. Los usuarios del sistema escolar esperan señales claras, definidas respecto de las exigencias futuras en relación a la calidad de la enseñanza impartida. Si se habla de corregir aquellos aspectos deficientes de la reforma escolar, hay que hacerlo, y no esperar un momento político apropiado. O más básico: partir por instruir la labor de los funcionarios del Ministerio de Educación, de la Superintendencia y de la Agencia, y que técnicamente se ajusten a los lineamientos. Si no, para qué gobernar.