Nueva administración de vacuna a recién nacidos

15 Agosto   451   Opinión   Ana Ramírez Méndez
Columnista Diario El Centro
Ana Ramírez Méndez

Matrona Docente de la Carrera de Obstetricia y Puericultura, Universidad Autónoma de Chile

En nuestro país desde el año 1978 existe un Programa Nacional de Inmunizaciones destinado a prevenir la morbilidad, discapacidad y mortalidad por enfermedades infecciosas transmisibles, utilizando para ello, un conjunto de vacunas obligatorias y gratuitas, destinadas a proteger a la población a lo largo de todo el ciclo vital.
Una de ellas, es la vacuna contra la hepatitis B, que es una enfermedad infecciosa del hígado causada por un virus, estimándose que alrededor de 2 mil millones de personas en el mundo han sido infectadas, de las cuales, alrededor de 400 millones persisten con una infección crónica, dando como resultado aproximadamente 1,4 millones de fallecimientos por infección aguda, cáncer hepático y cirrosis asociados a las hepatitis, siendo una mortalidad comparable con la del VIH y la tuberculosis.
En Chile, esta vacuna es administrada a todos los niñas y niños a partir de los dos meses de vida, pero, debido a que el riesgo de infección ha aumentado y que cada vez hay más madres infectadas con hepatitis B que transmiten el virus a sus hijos, nuestro país en concordancia con lo declarado por la Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Pediatría, estableció la necesidad de reducir su transmisión perinatal mediante la modificación de su calendario de vacunación, declarando que a partir del año 2019 se debe vacunar a los recién nacidos antes de las 24 horas de vida, en la atención inmediata post parto o Unidad de Neonatología, en todos los establecimientos públicos y privados donde se realice atención de trabajo de parto y parto.
Se indica, además, que en los casos excepcionales en que estos ocurran fuera de establecimientos que cuenten con servicios de Obstetricia y Ginecología, se debe realizar la vacunación dentro de 72 horas siguientes al nacimiento.
La justificación de esta medida es que después del nacimiento hay más vulnerabilidad para contraer la infección, por lo tanto, se necesita la máxima protección al administrarla después de éste.
Al ocurrir esto, significa un importante avance para la salud pública de nuestro país.