Nueva educación pública, nueva competencia

19 Marzo 2018   1277   Opinión   Ricardo Retamal Ortiz
Columnista Diario El Centro
Ricardo Retamal Ortiz

Abogado Magíster de la UC

Asumen nuevas autoridades y de seguro cambiarán los énfasis de las políticas públicas. En lo que nos concierne, deberemos estar atentos a la implementación de la reforma escolar, en colegios públicos y privados subvencionados.
En los primeros, los servicios locales de educación de Barrancas en la Región Metropolitana, y Puerto Cordillera en la Cuarta Región ya se encuentran funcionando y sus autoridades están ejecutando las directrices de la Dirección de Educación Pública, dependiente del Ministerio de Educación.
De seguro, la mayor visibilidad de estos nuevos servicios locales estará dada por el traspaso del personal desde las municipalidades o corporaciones municipales que prestaban el servicio educacional, como ya ha quedado en evidencia por las deudas de arrastre de profesores en el municipio de Lo Prado. Fue este mismo conflicto el que permitió conocer en la opinión pública la voz del nuevo director de un servicio local, quien priorizó asegurar, frente al paro de profesores, la continuidad de las clases: Pero, acto seguido, se preocupó de instalar comunicacionalmente los objetivos de este nuevo sistema de administración de la educación pública: aumentar la matrícula atendida en el territorio correspondiente al servicio local de Barrancas y mejorar progresivamente la calidad del servicio prestado, tanto en la ejecución curricular como en las actividades extraescolares disponibles como oferta atractiva para los estudiantes y sus familias.
De esta manera, empieza en ambos territorios un esfuerzo institucional desde el Estado por atraer alumnos hacia los proyectos de educación pública, que considera evidentemente recursos en el presupuesto fiscal. Los fondos están considerados tanto en el ya tradicional programa de fortalecimiento de educación pública, que contempla una glosa para la implementación de estos nuevos servicios locales, como en el presupuesto específico de la dirección de educación pública. Cabe considerar en esta perspectiva la ostensible mejoría de los sueldos de la carrera docente, exclusiva del sector público.
Estos recursos fiscales frescos serán administrados por una nueva estructura orgánica profesional, proyectada desde la ley como una instancia de planificación y seguimiento en la consecución de estos objetivos de la Nueva Educación Pública: aumento de matrícula y mejoramiento de la calidad educativa. Talleres de Teatro y Danza, Laboratorios de Inglés Técnico para la rápida inducción laboral, programas de educación dual, mejoramiento de instalaciones deportivas, etc., aparecerán como parte de la nueva oferta de educación pública. Los dineros del erario nacional ya no se perderán en consignaciones judiciales para evitar arrestos de alcaldes por deudas previsionales.
En la vereda de enfrente, los colegios particulares subvencionados gestionándose a través de entidades sin fines de lucro, la mayoría por corporaciones educacionales registradas ante el Ministerio de Educación, y cumpliendo con el destino legal de los recursos fiscales. Desde luego, sin que cuenten con los aportes adicionales de la dirección de educación pública y del programa de fortalecimiento de esta provisión del servicio.
¿Poseen también los colegios particulares subvencionados una estructura administrativa y técnica asimilable a la que poseen los nuevos servicios locales de educación para enfrentar esta nueva etapa?
Salvo las cadenas de colegios dependientes de congregaciones religiosas y holdings educacionales, la mayoría de los sostenedores privados exhibe una precariedad evidente en este sentido. Hasta ahora nunca se consideró en este sector la necesidad de contar con estos apoyos de contadores, ingenieros, abogados y demás profesionales encargados de generar planes de desarrollo y presupuestos equilibrados para asegurar la continuidad del servicio educacional. En doctrina de regulaciones se denomina Fortaleza Institucional a este parámetro de calidad de las entidades educativas. Es un término que empezará a comentarse con mayor periodicidad en esta nueva competencia por atender alumnos entre la educación pública y la privada subvencionada. Por aplicación de las economías de escala, si administrando 500 alumnos se me exige desde las regulaciones como si administrara a 5 mil estudiantes, el agobio en las infracciones cursadas ya no tendrá como descargo la impronta política del gobierno anterior desplegada para implementar la reforma. La salida es externalizar todas aquellas funciones de la gestión escolar que no sean propiamente pedagógicas. Difícil de aceptar para los sostenedores privados, considerando la cultura imperante.