Otro déficit de la Justicia Penal

10 Julio 2018   1195   Opinión   José Luis Craig Meneses
Columnista Diario El Centro
José Luis Craig Meneses

Abogado, Magister en Criminología y Justicia Penal Defensor Regional de Maule.

Lamentablemente un sistema tan exitoso como el instaurado en Chile a partir del año 2000, y que significó una completa reforma al sistema procesal penal, tiene sus talones de Aquiles, cada vez más marcados.

A la penosa situación de los niños y niñas y adolescentes infractores e ley, al pobre desempeño de las policías en este nuevo sistema, al tardío avance de la ciencia médico legal que sirve de apoyo a las decisiones judiciales y un penoso etcétera debemos agregar la casi inexistente respuesta del sistema asistencial al problema que se produce cuando una persona que sufre enfermedades mentales graves, comete delitos.
Un reciente estudio efectuado por la Unidad de Estudios Nacional detectó una cifra que debiera darnos vergüenza como país, ya que en tan sólo 6 regiones, de las 15 existentes en Chile hasta hoy, existen camas disponibles para imputados enajenados mentales.
Desafortunadamente, el número se hace más ignominioso si apuntamos que en tan sólo dos regiones existen cupos para personas condenadas a las que se le ha aplicado una medida de seguridad, consistente en la internación en un centros asistencial especializado para personas que sufren un trastorno mental grave, ya que no asciende a más de 75 cupos para todo el país.
Obviamente, el Maule no aparece en ninguna lista de las anteriores, es decir, en nuestra región, no tenemos camas para imputados ni para condenados que tengan alguna discapacidad o enajenación mental.
Lo anterior, es una verdadera tragedia para las familia de estas personas, que no siendo suficiente con el dolor de cargar con una enfermedad muchas veces grave, ven como su familiar tiene además problemas con la justicia penal, y por ello es arrancada de su entorno local, y llevada muchas veces a la quinta región o la región metropolitana.
Esto actualmente acontece con cinco personas que están internadas en esas regiones con el problema de desarraigo que ello conlleva para una familia entera.
El nivel de desamparo y desarraigo social y familiar que se produce en estos casos, hace plausible que dentro de las numerosas y siempre bienvenidas reformas al sistema se tome el camino de proteger los derechos de estas personas con la mínima infraestructura necesaria en ojala todas las regiones del país.
Ojala esta iniciativa forme parte de alguna de las numerosas, y a veces innecesarias, agendas cortas que ya han visto la luz en nuestro sistema. Así sea.