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Opinión

Papers bajo sospecha

Abraham Santibáñez

Premio Nacional de Periodismo

Nunca antes hubo un esfuerzo periodístico tan grande, tan prolongado y que haya involucrado a tantos colaboradores, como el los “Panama papers”. Así lo ha proclamado con comprensible orgullo Mónica González, participante chilena de esta gigantesca tarea, en su calidad de directora de Ciper.

El análisis se inició cuando el diario alemán  Süddeutsche Zeitung recibió de forma anónima once millones 500 mil documentos secretos extraídos “hackeados” desde la firma Mossack & Fonseca con sede en Panamá. Los registros comprenden el período entre 1977 y 2015. Comprenden certificados, pasaportes, actas de directorio, documentos legales y correos electrónicos de más de 200 mil empresas off shore. Se estima que involucran a unos catorce mil clientes de M&F.

Dado el volumen, el periódico alemán decidió que necesitaba pedir ayuda. El resultado fue, como se dijo, una gigantesca operación en que trabajaron el Consorcio Internacional de Periodista Investigativos (ICIJ, por su sigla en inglés), y más de cien medios en 76 países.

La intensa labor, cuyos primeros datos se conocieron el domingo 3 de abril, se prolongó por más de un año. Sus efectos serán sin duda mucho más duraderos. Ya en la primera semana renunció el primer ministro de Islandia y, en nuestro país, abandonó su cargo Gonzalo Delavaud, presidente de Chile Transparente, capítulo local de Transparencia internacional.

El primer ministro británico, David Cameron, está bajo un severo escrutinio porque su nombre figura en la documentación dada a conocer junto al del Primer Ministro de Pakistán, monarcas de Medio Oriente, Vladimir Putin y autoridades chinas. Como acotó Ciper, entre las personalidades chilenas destacan “Agustín Edwards, Alfredo Ovalle (ex presidente de la CPC), Hernán Büchi, Iván Zamorano y los controladores de Ripley y el BCI”. Según la misma fuente, hay en la lista catorce empresas nacionales.

“En algunos casos son sociedades instrumentales con un directorio de pantalla, conformado por ejecutivos de la misma firma Mossack Fonseca o testaferros. Valiéndose del secreto bancario y la opacidad que impera en esos territorios, uno de los propósitos de estas estructuras de papel es resguardar la identidad de los reales propietarios de los dineros que administran”.

Desde el comienzo de estas revelaciones, se hizo hincapié en que el hecho mismo de que se hayan constituido en Panamá y figuren en países que protegen celosamente sus movimientos, no significa que hayan cometido delito alguno. Una primera condición es que los dineros hayan sido declarados en el país de origen (por ejemplo, Chile) y, por supuesto se informe toda eventual ganancia.

La pregunta es: “¿Si respetan la legislación chilena, o la que sea, qué sentido tendría toda esta operación?”.

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