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Opinión

Persiste segregación educativa en chile

Ricardo Retamal Ortiz

Abogado Magíster de la UC

Chile se encuentra adscrito a varias pruebas internacionales sobre rendimientos escolares. Una de las más reconocidas es la prueba PISA (Programme for International Student Assesment), que es un programa de desarrollo de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) generado para monitorear el éxito de los sistemas escolares de los países miembros, en la preparación de sus jóvenes para participar en la sociedad. PISA evalúa cada tres años las competencias de los estudiantes de 15 años en Lectura, Matemática y Ciencias Naturales. A esta edad termina la educación obligatoria en la mayoría de los países de la OCDE. Desde el año 2000 y hasta el 2012, Chile subió en promedio en las tres disciplinas referidas desde poco más de 400 puntos hasta casi 440, superando a países como Uruguay, México, Brasil, Colombia y Argentina. Eso en el barrio. En el año 2015, el foco prioritario de la prueba PISA se estableció en las Ciencias Naturales. Con un promedio de 447 puntos en la escala global, los resultados obtenidos por los estudiantes de quince años ubican a Chile bajo el promedio OCDE (493 puntos) alcanzando el lugar 33 entre los 35 países OCDE. Del examen de estos resultados uno podría concluir que el sistema de provisión mixta en educación escolar, vigente entre 1981 y 2014 ha servido para acercarnos a los rendimientos de los países pertenecientes a la OCDE, aunque sea respecto a los últimos lugares de ese grupo de países. Sin embargo, ha sido esta misma organización la que ha observado como un problema creciente la segregación educativa en Chile, facilitado por el tránsito de alumnos desde el sector público al privado. A juicio de la OCDE, el modelo de crecimiento económico en la región, y en Chile, en especial, no generó en el período condiciones de integración social. Por el contrario, más familias buscaron la escuela privada para “refugiarse” de los pobres y separarse socialmente en ámbitos urbanos fuertemente desiguales. Terminar con este tránsito de segregación fue el compromiso asumido por la Presidenta Bachelet, con las políticas de restricción al lucro, selección y cobro de las escuelas subvencionadas por el Estado. Para Chile, el compromiso con la OCDE implica fortalecer significativamente a la educación pública, frente a la educación privada, para lo cual se crearon los Servicios Locales de Educación, órganos de la administración del Estado que en lo sucesivo gestionarán los colegios de la educación pública, la que hasta ahora era responsabilidad de las municipalidades. La meta en la proporción de la provisión mixta para la educación pública no se definió en ninguno de los proyectos de ley correspondientes a la reforma escolar. Sin embargo, el piso mínimo que defienden los promotores del nuevo sistema de educación pública es alcanzar un 50% de la matrícula subvencionada por el Estado. Son aspectos que se tienen que tener en cuenta en la profunda reforma educacional que vive el país.

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