Todos al aula, necesarias precisiones

18 Junio 2018   799   Opinión   Ricardo Retamal Ortiz
Columnista Diario El Centro
Ricardo Retamal Ortiz

Abogado Magíster de la UC

En su twitter personal, el Presidente Piñera señala que el plan #TodosAlAula aspira a “que los profesores estén más tiempo en la sala de clases, enseñando y motivando a sus alumnos y dando educación de calidad”. Al respecto, primero precisar que los profesores de aula ya tienen sus tiempos escolares fijados por ley, bajo el sistema nacional de desarrollo docente, la carrera docente: 70% para clases y 30% para prepararlas, conforme a la proporción legal vigente.

Entonces, la iniciativa presidencial naturalmente se dirige hacia la gestión escolar de un grupo específico de colegios subvencionados, que excluye a todo el resto, esto es, municipales, traspasados a servicios locales, confesionales, y aquellos que pertenecen a holdings educacionales.
Todos estos establecimientos cuentan con una administración más o menos solvente y técnica, capaz de al menos cumplir con los estados financieros que comprueben el correcto destino de los recursos fiscales. Este plan gubernamental pretende alivianar la carga administrativa de aquellos sostenedores responsables de impartir enseñanza a no más de 1000 alumnos en promedio, en uno o en varios establecimientos. Se identifican como colegios, por lo general, de familias de educadores.
Coincido con el fondo de la iniciativa, porque una relación eficiente entre el Estado y los particulares que le colaboran, en la obtención de bienes públicos redunda, en el caso de la educación subvencionada, en priorizar la calidad de la enseñanza y reducir los riesgos de corrupción.
En colegios de tamaño medio como los descritos, correspondería que sus sostenedores acreditaran que cuentan con un mínimo de gestión profesional en la administración institucional. Por ejemplo, si un colegio familiar de 600 alumnos que administra en promedio 60 millones de pesos por mes, tiene un Simce urbano promedio superior a 260 puntos podría considerarse que su desempeño es razonable y puede pactar mejoramientos progresivos y verificables enfocados en el área técnico pedagógica, o sea, pacta con la Agencia de Calidad.
Si, por el contrario, el colegio tiene bajos rendimientos académicos de manera sostenida, es fundamental que la fiscalización hacia el correcto destino de los recursos fiscales se agudice y fuerce una resolución de sus sostenedores de invertir definitivamente en el proyecto o dejar de cumplir su rol.
Dadas estas evidencias, tal parece que la mesa de trabajo #TodosAlAula sirve preferentemente de apoyo político hacia el empoderamiento de las nuevas autoridades educacionales, que no se sienten como gobierno, más que al objetivo ineludible de racionalizar la relación financiera entre el Estado y los colegios.