Transparencia para evitar la corrupción

23 Junio 2018   862   Opinión   Ricardo Retamal Ortiz
Columnista Diario El Centro
Ricardo Retamal Ortiz

Abogado Magíster de la UC

El contexto actual de la corrupción en la administración del Estado en Chile da cuenta de una institucionalidad absolutamente permeable, por diversos factores: ausencia de controles técnicos internos (no a cargo de un operador político), prácticas corruptas permanentes, debilidad fiscalizadora de Contraloría, ausencia de fiscales especializados en corrupción, régimen centralizado de la administración, entre otros. 

Con la inmensa cantidad de recursos que el Estado transfiere a la educación subvencionada, ¿bastará ese sesgo de riesgo para afirmar que existe corrupción en este sector?
La educación subvencionada comprende hoy transferencias de recursos no sólo a colegios particulares, sino también a municipalidades, corporaciones educacionales municipales, colegios administrados por organizaciones de empresarios, y ahora último a los servicios locales de educación que como programas pilotos -y un poco silenciosamente- se están implementando en Barrancas (Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel) y Puerto Cordillera (Coquimbo y Andacollo).
La correcta administración de los recursos educacionales en colegios municipales tiene una historia larga de baja transparencia, particularmente marcada por la desviación de subvenciones a campañas políticas. Pero no es lo único. Los alcaldes históricamente han usado y abusado de las plantas de docentes para el pago de favores políticos.
En la página de la Contraloría General de la República -www.contraloria.cl-, de una manera muy amigable, es posible encontrar numerosos informes de auditoría a los departamentos de educación de las municipalidades, de los cuales se pueden colegir distintas fórmulas de distracción de las subvenciones educacionales. Loable el esfuerzo del órgano contralor con tan pocos recursos para cumplir con su labor.
Los servicios locales de educación surgen a partir de la corrupción instalada en las municipalidades en la prestación del servicio educacional. Pero sólo tenemos dos en funcionamiento, de 60 proyectados en todo el país.
Uno entiende que estos servicios están en proceso de implementación, pero objetivamente es poco lo que se sabe de su funcionamiento en estos meses: algunas actividades culturales, otras de extensión hacia los apoderados, y nada más. Mucho silencio, en circunstancias que dicho proceso naturalmente corresponde se exhiba en la plaza pública. En especial, el foco debiera centrarse en los “clientes” de estos servicios, los apoderados. ¡Sería una señal clara para prevenir los actos de corrupción!