Tribunal de Tratamiento de Drogas

27 Agosto   459   Opinión   José Luis Craig Meneses
Columnista Diario El Centro
José Luis Craig Meneses

Abogado, Magister en Criminología y Justicia Penal Defensor Regional de Maule.

Precisamente este mes se cumplen 7 años desde el inicio de este moderno tratamiento penal que comenzó, a nivel nacional, en la Región de Valparaíso, y se asienta luego en año 2012 en el Maule Norte, concretamente, en Curicó.

 

Han pasado siete años ya, sin que se haya expandido esta experiencia en el Maule, periodo sí, durante el cual se ha extendido a todo Chile, y además en el ámbito subjetivo a los menores de edad.


Su enfoque profundamente humano, que busca entregar una respuesta diferente y, a la vez, terapéutica, a un problema penal, es loable y, además, en sintonía con la reinserción social que está nuevamente en boga en Chile, su correcto uso permite un importante ahorro de recursos humanos y materiales si se logra por él, evitar que un sujeto cometa delitos a repetición por tener a la base una dependencia a una droga licita o ilícita.


En lo concreto, y con varias limitaciones de fondo y forma que analizaré más adelante, 66 personas maulinas se han visto inmersas en este programa.


De estas, 46 fueron egresadas exitosamente, lo que significa que se sometieron al plan médico - psico-social que permite alejarse del consumo problemático de drogas y, además, no volvieron meterse en problemas con la justicia durante un lapso de tiempo que va desde 1 a 3 años.


Mostrar un 70% de efectividad, es un número más que razonable que justifica su mantención durante estos 7 años en la zona, y además creo que amerita su crecimiento en la región, extendiéndose a las demás provincias maulinas.


Ahora bien, y como el afán siempre es mejorar, en términos de fondo, debiese tener reconocimiento legal, al menos en el Código Procesal Penal, a través de una institución menos rígida que la Suspensión Condicional del Procedimiento.


Por otra parte, debiera extenderse su uso a delitos más graves que los que hasta ahora el Ministerio Público ha permitido su ingreso. Además, se debiese ser menos estricto en términos de la elección de las personas beneficiadas, permitiendo que ingresen otras con más de un delito vigente o terminado.


Por último, debe hacerse un estudio de impacto que permita ver los resultados objetivos de este programa, más allá delas experiencias individuales de las personas sometidas a su tratamiento, sino que visto como una medida más de una política criminal que apunte a la reinserción y a la prevención de nuevos delitos.


También debiese reevaluarse su extensión a los adolescentes, ya que su ingreso, en gran medida, importa un fracaso de la implementación de la Ley 20.084.