Un fallo significativo

27 Octubre 2018   1318   Opinión   Ricardo Retamal Ortiz
Columnista Diario El Centro
Ricardo Retamal Ortiz

Abogado Magíster de la UC

Los abusos sexuales en contexto religioso no son obra de la casualidad. Los agresores buscan espacios, estructuras, organizaciones que les brindan, primero, seguridad de atacar y asegurar la posición de dominio sobre las víctimas, y luego, impunidad, pese a ser descubiertos en los delitos cometidos. Las victimas históricamente han tenido dificultades para obtener la justa reparación económica por el profundo daño que han sufrido. Por eso que es relevante el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó el pago de 450 millones de pesos a las víctimas de Fernando Karadima.
Los años, las décadas que han demorado las víctimas de violaciones a los derechos humanos en tiempos de dictadura en obtener este resarcimiento, constituyen una contundente demostración de que los victimarios cuentan con, a lo menos, tiempo para atender los requerimientos económicos de sus víctimas. El actual procedimiento civil en este sentido es funcional a la impunidad económica, fuera de la prescripción que cumple con igual resguardo.
Me voy un poco lejos. Tengo la idea que la expulsión de los Jesuitas de las posesiones de la Corona Española marcó definitivamente cómo las autoridades eclesiásticas en Chile protegen los bienes materiales de la Iglesia a lo largo de nuestra novel historia.
En distintos contextos de riesgo para los bienes materiales de la Iglesia se han desarrollado diferentes herramientas, para impedir el detrimento patrimonial frente a eventuales amenazas. Un aspecto fundamental para analizar este cuadro de irresponsabilidad patrimonial eclesiástica está representado por el mito, sí, el mito de la separación entre el Estado Chileno, y la Iglesia Católica. Claro. Hay declaraciones, no muy asertivas por cierto, a nivel constitucional y algunas legales, como en el Código Civil, pero en este último caso, hasta existe un reconocimiento a las personas jurídicas propias del derecho canónico, como las comunidades religiosas.
Lo que es claro que no existe un tratado, un Concordato, entre el Estado de Chile y El Vaticano, sobre las distintas materias en que se relacionan ambas potencias: exenciones tributarias, régimen de propiedades, fueros personales, rol de promoción de bien común, reliquias y monumentos históricos, justificación de inversiones, etc. Lo que es natural para todos los países con raigambre católica, acá no existe. Por algo será, por eso que el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago puede significar un punto de quiebre significativo.