Erika Maura, gerenta de víctima de la Fiscalía Nacional

“Si se ofrece un sistema donde los niños serán mejor atendidos, escuchados y protegidos, la cifra de denuncias puede aumentar”

“Nosotros no vamos a estar como entrevistadores ni abrazando a los niños ni prometiendo premios. Nada de eso. El entrevistador será neutral y empático”, afirmó respecto a la labor de dicho actor clave en la ley de entrevistas investigativas videograbadas

19 Agosto   691   Policial   Hernán Espinoza
“Si se ofrece un sistema donde los niños serán mejor atendidos, escuchados y protegidos, la cifra de denuncias puede aumentar”

Erika Maira Bravo, gerenta de la División de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, es una de las personas de más alta responsabilidad en el Ministerio Público que le ha correspondido monitorear la implementación, a partir del 3 de octubre próximo, de la nueva ley de entrevistas investigativas videograbadas.

 

Como tal, viajó a Talca en fecha reciente para participar en la certificación de 35 entrevistadores, esto es, funcionarios de la Fiscalía Regional y las distintas fiscalías locales, además de personal de Carabineros y la PDI. A la vez, también asistió a un ejercicio práctico de declaración de una víctima en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca.

 

Luego de ambas experiencias, habló en extenso con Diario El Centro respecto a la puesta en marcha de esta legislación y sus principales características, así como también las preocupaciones en materia de cumplimiento de sus protocolos, especialmente, respecto a organismos auxiliares, como es Carabineros y la PDI.

 

¿Cuál fue la idea de que este nuevo sistema comience en seis regiones, entre ellas, el Maule?

“A partir del 3 de octubre, las reglas están muy claras, porque están contenidas en la ley 21.057 y van regir desde esa fecha. Por lo tanto, todas las denuncias de los 16 delitos que integran el catálogo que establece esta ley, serán investigados y enjuiciados en forma muy apegada a como lo dice esta ley.

 

Y esto de tener seis regiones como punta de lanza, se hace para tener  una implementación controlada, que la podamos observar, para mejorar las prácticas, y si hay alguna deficiencia, poder detectarla y corregirla.

 

Por eso, esta región, a través del trabajo que ha hecho la Fiscalía Regional, liderado por su Fiscal Regional, Julio Cotardo, que cuenta con un compromiso muy alto y valórico con los derechos de niños, niñas y adolescentes, diseñó una marcha blanca para efectos que, a partir del 3 de octubre, todo esto funcione lo mejor posible”.

 

¿Cómo evalúan ustedes esta marcha blanca en el Maule de la nueva ley?

“En esta región, a la fecha, se han agendado más de cien entrevistas investigativas utilizando la metodología y estándares de la nueva ley a víctimas reales. Esto ha sido algo muy inteligente, porque estas diligencias que se están llevando adelante, desde mayo del presente año, lo que hace es anticiparse a que cuando estos casos tengan que ir a juicio, porque van a estar con su debida entrevista investigativa videograbada.

 

Desde el punto de vista de la gestión, que es la responsabilidad interna, permite ajustar los procesos de trabajo para mejorarlos, de manera que, cuando ya tengamos la ley en operación, propiamente tal, estemos preparados. Así yo diría que, dando el compromiso que esta Fiscalía Regional del Maule ha manifestado y cómo lo ha operativizado, estamos preparados”.

 

¿Y qué les preocupa a ustedes como Fiscalía Nacional en cuanto a instituciones auxiliares, como Carabineros y la PDI?

“Esta ley obliga al trabajo interinstitucional, lo cual implica que todos los operadores de justicia tienen que comprometerse en la gestión y en cuanto a los recursos. En este sentido, está la PDI, Carabineros, el Poder Judicial y la Defensoría Penal Pública.

 

En cuanto a las primeras dos instituciones, mantenemos relaciones fluidas de trabajo permanente y de colaboración mutua, generando una comunidad de entrevistadores que trabaja y que no tiene color, es decir, están todos al servicio de las víctimas y coordinados por la Fiscalía Regional. Eso es muy positivo.

 

Pero, por otro lado, estamos preocupados por el compromiso de las jefaturas institucionales, en cuanto a que comprendan mejor. Por ejemplo, si un comisario, en una zona, no tiene un acabado conocimiento y compromiso con esta norma, puede quizás no entender que su carabinero entrevistador no puede hacer una entrevista estando saliente de turno de noche”.

 

¿En qué términos ello puede atentar contra un procedimiento bien hecho y apegado a esta nueva ley

“Ocurre que el entrevistador tiene que estar atento a responder adecuadamente a los requerimientos de una víctima menor de edad. No es lo mismo entrevistar a un adulto que a un niño. Seguir al hilo conductor, facilitarle la intervención y no perder detalles relevantes, requiere una atención y una preparación especial. Y, por otro lado, ocurre que la ley obliga a los entrevistadores a no hacer preguntas sugestivas, es decir, exige no inducir información al menor de edad, para favorecer una justicia más objetiva.

 

Pero si usted tiene un policía que viene muerto de sueño a hacer una entrevista, ese trabajo –que requiere un esfuerzo intelectual bastante arduo y con mucha presión, porque hay una cámara grabando- no puede quedar bien. Tiene que ser hecho con planificación y con tiempo. Por lo tanto, las jefaturas policiales tienen que comprender muy bien esto y comprometerse”.

 

 

¿Y qué pasa si al carabinero entrevistador se le obliga a tomar contacto con la victima vistiendo uniforme?

“Eso no puede ocurrir, porque se estableció que para entrevistar a un menor de edad, no hay que vestir uniforme, precisamente, porque puede generar consecuencias. No sabemos los contextos por los cuales han pasado los niñas, niñas o adolescentes, por lo cual, eso les puede generar –en algunos casos, no en todos- una suerte de intimidación.

 

Para ello, los entrevistadores trabajan con un concepto de base que se llama neutralidad empática. Esto significa que el entrevistador es neutro, es decir, no está de parte de nadie, está al servicio de la justicia y de los derechos de la víctima. En ese sentido, la empatía se manifiesta, por ejemplo, a través del lenguaje corporal. Si alguna víctima viene a contar un hecho que le pasó y el entrevistador tiene una cara seria y apenas lo mira, probablemente no le va a generar ninguna confianza. Pero si la víctima encuentra a una persona que, desde su lenguaje corporal es acogedora, esto permite a la víctima expresarse mejor.

 

Lo positivo es que esos dos componentes deben estar equilibrados, es decir, neutralidad y empatía, Porque nosotros no vamos a estar como entrevistadores ni abrazando a los niños ni prometiendo premios. Nada de eso. El entrevistador será neutral y empático, para que permita una comunicación más fluida. Eso es lo que buscamos y lo que busca esta ley, que tiene toda una metodología probada y que se ha estudiado, es decir, facilitar el testimonio de los niños. Ese es un punto muy relevante”.

 

¿Qué han visualizado ustedes en cuento a si se han habilitado espacios en los cuarteles policiales adecuados para realizar estas entrevistas?

“También nos preocupa que las policías logren implementar salas para entrevistas investigativas videograbadas, a lo cual se han comprometido a la fecha de funcionamiento de esta ley. La Fiscalía Nacional comprometió tres salas especialmente habilitadas, en esta región, las cuales están listas, operativas y se ha probado que funcionan. Pero, por una cuestión territorial y, para evitar la victimización secundaria que puede significar un traslado de un lugar a otro, necesitamos que todos los actores que comprometieron sus salas las tengan operativas, esto es, Carabineros y la PDI. Y necesitamos que esto sea una realidad lo antes posible, porque también queremos trabajar con ellos en ese terreno y ver cualquier necesidad o situación que haya que implementar, porque eso solo se descubre con la práctica.

 

Lo que pasa es que, en este minuto, los compromisos tienen que bajar a lo práctico. No pueden ser solo buenas palabras o declaraciones. Si necesitamos una sala para ensayar y preparar a los entrevistadores, esa sala tiene que estar lista antes de octubre. Más allá de lo declarativo, tenemos que implicar nuestros recursos y generar las líneas de gestión y de trabajo, para que todo se vuelva operativo”.

 

¿Esperan ustedes que esta nueva ley tenga un impacto en cuanto a quizás incrementar el número de denuncias?

“Entre los años 2011 y 2017, los delitos a los que se refiera esta ley y que afectan a menores de edad, es decir, de tipo sexual y violentos, en esta región, bordearon el promedio de mil cien casos. Ese promedio subió el 2018 a nivel nacional, pero en esta región se mantuvo en esa cifra. Al momento, en esta región tenemos -al primer semestre- 641 casos, por lo cual, podrían bordear al terminar el año los mil cien o mil doscientos casos.

 

Por ello, en cuento al impacto que tendrá esta ley, tenemos visualizados dos fenómenos: primero, que las vulneraciones de carácter sexual, son muchos más de los que registra el sistema penal, porque existe una cifra negra alarmante. Sabemos que de un total de diez delitos, solo se denuncian dos, como promedio general.

 

Por lo tanto, si se ofrece a la comunidad un sistema donde los niños serán mejor atendidos, escuchados y protegidos, la cifra de denuncias puede aumentar. Esto corre para todas aquellas madres que piensan que su hijo o hija lo va a pasar mal si es que denuncian, porque tiene que repetir diez veces lo que le pasó, pues ese factor tiene que disminuir con el tiempo. Y debería favorecer un aumento de las denuncias, porque este sistema está construido sobre la base de crear un estatuto de derechos para los niños, niñas y adolescentes”.

 

¿Qué significa eso de un estatuto especial para estas víctimas menores de edad?

“En el Código Procesal Penal existe un estatuto que establece ciertos derechos para las víctimas, pero esta ley lo que hace es que, conceptualmente, genera un estatuto para víctimas menores de edad que es mucho más profundo, porque en sus primeros artículos, establece los principios generales. Y, entre ellos, tenemos el interés superior del niño, así como el derecho a ser oído, la participación voluntaria y el trato digno. Hay una serie de conceptos con los cuales, uno podría decir que, a partir de esta ley, los menores y sus padres pueden exigir que se respeten esos derechos.

 

Ese es un estándar que esta ley le impone al Estado de Chile. Y ese estándar, en su expresión más relevante, es cuando en la ley dice expresamente que lo que rige acá es la Convención de Derechos del Niño y los estándares internacionales en materia de protección. Esto es, un estándar muy alto al que la justicia chilena no está acostumbrada, pero ahora se tiene que acostumbrar.

 

Por ello, tenemos que generar un trabajo muy fuerte, primero, en materia de difusión hacia la comunidad y, luego, para que los actores se adapten al estándar y lo respeten. Este sistema, en su conjunto, está diseñado como una mayor protección. Esto lo digo porque, en el caso de esta ley, su expresión más visible son los entrevistadores y cómo se va a operar en un juicio oral con un intermediario. Esos son dos elementos esenciales. Pero, aquí subyace un estatuto completo de derechos para los niños víctimas que se debe cumplir en cada proceso penal”.

 

¿Por qué capacitar a funcionarios que no son fiscales para realizar estas entrevistas, cuando son los persecutores quienes después tendrán que tomar decisiones a partir de los resultados de ese procedimiento investigativo?

“Esto depende de la carga de trabajo de los fiscales. De alguna forma, y esto se lo podemos pedir al Estado de Chile, esta ley no creó una nueva planta en el Ministerio Público ni tampoco nuevos profesionales, que se pueda financiar y contratar para estos efectos. Es decir, con los mismos fiscales, funcionarios y policías, vamos a hacer este trabajo nuevo y de mayor exigencia.

 

Pongo un ejemplo concreto. Sin esta ley, el fiscal puede leer su carpeta de investigación y preparar él mismo su entrevista. Pero, ahora, hay que disponer un entrevistador que conozca el caso y que puede ser o no el fiscal a cargo de la investigación; además de un técnico que tiene que estar atento a que el video se grabe bien y que nada falle; pero, además, hay que planificar porque no se puede olvidar nada, ya que al niño no lo podemos llamar dos veces. Y, además, es recomendable que esta entrevista se haga con una dupla externa que pueda realizar sugerencias, al momento de hacer una pausa para que la víctima descanse.

 

Es decir, lo que antes hacía una persona, ahora lo hacen tres como mínimo o más personas. Esto implica que, sin recurso humano asociado, hay que trabajarlo como gestión. Por ello, queremos ver los requerimientos que sean necesarios en forma anticipada”.

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