Carlos Palma Guerra es abogado de la Universidad de Talca y cuenta con estudios de Magíster en Criminología y Justicia Penal de la Universidad Central. Fue entrevistado por su alma máter y en este espacio conversó sobre su trayectoria profesional así como los desafíos que se vienen para el Ministerio Público.
Carlos Palma Guerra es abogado de la Universidad de Talca y cuenta con estudios de Magíster en Criminología y Justicia Penal de la Universidad Central. Desde su ingreso al Ministerio Público en 2001, ha desarrollado una extensa carrera funcionaria pasando
por la Fiscalía de Coronel, siendo Fiscal adjunto de Concepción y de Talca, además ha sido subrogante de la Fiscalía Regional del Biobío.
Posee amplia experiencia como fiscal especializado en la investigación de delitos sexuales, lavado de activos y crimen organizado, tráfico de drogas, trata de personas y delitos de corrupción pública.
Del mismo modo, en el ámbito académico, ha sido docente de los diplomados sobre Derecho Penal y Destrezas de Litigación y de Peritajes de Abuso Sexual de la Universidad de Concepción y de la cátedra de Destrezas de Litigación Penal y Derecho Procesal de
la Universidad de San Sebastián.
Carlos Palma Guerra, es Fiscal Regional de Aysén desde el 13 de octubre de 2017.
1.- ¿Qué significó para usted estudiar en la Universidad de Talca?
Para mí, de sólo recordarlo, me genera un gran orgullo. Yo soy talquino. Estudié la enseñanza básica y media en Talca y, por cierto, el pregrado en Derecho también en la Universidad de Talca y siento mucho orgullo por mi formación.
La Universidad de Talca me entregó las herramientas para competir adecuadamente en el mundo laboral nacional y muchas veces, en el ejercicio dentro del mundo de la Fiscalía, me encuentro, a nivel de defensores, fiscales o de jueces, con otros utalinos, lo que hace sentir, evidentemente, un orgullo de pertenencia.
Creo que nuestra Universidad nos entregó las herramientas para competir adecuadamente. Además, la visión regionalista, a veces mal entendida por algunos en el sentido de que se piensa que es menos importante, de verdad creo que es mucho mayor.
La Universidad de Talca, en particular, nos entregó y me entregó, una visión pluralista, no solamente en cuanto a las herramientas técnicas, sino que también en la cultura que imparte la universidad y que complementa a la universidad, una visión mucho más amplia y que a veces el centralismo invisibiliza.
2.- ¿Qué destacaría de la enseñanza y los profesores que tuvo en su formación de pregrado?
-Primero que todo, destacaría su seriedad. Eran profesionales de altísima gama, muy serios; con un amplio conocimiento y por, sobre todo, con una generosidad al compartir con los estudiantes. La recuerdo como una universidad muy cercana. No eran egoístas con los conocimientos y, por otro lado, eran muy cercanos, uno se sentía parte de un solo equipo.
Siempre nos desafiaban intelectualmente, a no quedarnos con el conocimiento que teníamos y que lográbamos asimilar y nos motivaban a generar nuevos conocimientos para ponerlos a disposición del país.
Nos hablaban, obviamente, de cuando nos tituláramos; en ese tiempo nos hablaban de que íbamos a ser abogados del 2000; estoy hablando del año 93, y aunque uno lo miraba muy lejano, desde el primer día comenzamos a entender el tremendo aporte y la valía que uno iba a significar, desde el punto de vista de la sociedad. Evidentemente, insisto, con una mirada regional.
Si yo lo miro desde hoy día, ya con 46 años, hacia atrás había un círculo virtuoso de conocimientos. Hoy lo valoro profundamente.
Agradezco el haber tenido como profesores a grandes maestros. Eran muchísimos profesores, sin duda. Pero desde el punto de vista de mi formación profesional
posterior, recuerdo profesores como Sergio Politoff, nuestro gran maestro en derecho penal; Humberto Nogueira; actualmente Jean Pierre Matus que está en la excelentísima Corte Suprema; grandes profesores que tuvimos en distintas áreas y para mí, especialmente en el área penal, siento que nos forjaron a fuego.
Hoy día la Escuela de Derecho de la Universidad de Talca es un referente nacional, no hay ninguna duda. Los que fuimos alumnos, hoy día somos profesionales de ejercicio en las distintas áreas, somos referentes, somos líderes a nivel nacional en los distintos aspectos
y eso hace sentir un tremendo orgullo.
3.-Después de su titulación, ¿cuál ha sido su desarrollo profesional y perfeccionamiento?
Bueno, tan pronto como salí de la Escuela, ingresé a trabajar al Ministerio Público en el año 2001 y fui el fiscal más joven del país, con 25 años y, desde esa época, he desarrollado una extensa carrera funcionaria dentro de la Fiscalía.
Antes de asumir mi cargo actual de Fiscal Regional de Aysén el año 2017, fui Fiscal de Talca, Fiscal de Concepción, Fiscal de Coronel y ejercí también por un tiempo la subrogancia de Fiscal Regional en la Octava región.
Durante estos años me he especializado en la investigación de delitos sexuales, de lavado de activos, crimen organizado, tráfico de drogas, trata de personas, delitos de corrupción públicos y he tenido gratificantes momentos de investigación también en las distintas
áreas. Investigaciones en los últimos tiempos, trabajos de anticorrupción, como el caso huracán, caso de fraude al fisco por parte del ejército, causas de corrupción pública en la región de Aysén y en la región del Biobío.
Causas todas que, sin lugar a dudas, me han hecho sentir orgulloso de la vereda que decidí seguir en el marco de mi perfeccionamiento profesional.
En octubre del 2017 asumí como Fiscal Regional en Aysén y este año 2022 ya cumplo cinco años a cargo de esta región.
He realizado en la formación académica distintos cursos, diplomados en litigación en su momento. Estudié Magíster en Filosofía, en la Universidad de Concepción; Magíster en Justicia Penal en la Universidad Central; actualmente estoy terminando el Magíster en Alta Dirección Pública en la Universidad Mayor e hice clases de litigación y de procesal penal en
la Universidad San Sebastián; algunos diplomados los impartí en la Universidad de Concepción, cuando estuve en la región del Biobío y actualmente, hago clases en el Magister de Alta Dirección Pública de la Universidad Mayor.
4.-En la actual etapa del país y el Ministerio Público, ¿cuál diría usted que son los principales desafíos de la institución donde ha trabajado por más de 20 años?
Creo que es relevante visualizar que en Chile la delincuencia cambió y que se debe abordar de forma distinta la persecución penal. Hay que cambiar la forma de mirar y de trabajar. Mientras mayor sea el conocimiento de cómo operan las bandas delictuales en Chile y el crimen organizado, mejor podemos perseguir las redes, concentrar los esfuerzos, identificar y llevar a tribunales a los líderes y los cabecillas de las organizaciones; desarticular estas
organizaciones.
Por esto es que la acción penal requiere de estar cruzada por la unidad de acciones entre fiscales y policías. Cuando partimos, allá por el año 2000, en el Sistema Procesal Penal, se enfatizaba muchísimo esta vinculación entre el Fiscal y el Policía. Sin embargo, creo que con los años se ha ido perdiendo esta vinculación y hay que retomar aquello.
Los delitos violentos contra las personas, el crimen organizado, la corrupción, son parte de los problemas en los que la fiscalía debe poner atención; aún mayor, porque precisamente en esta categoría de delito se anidan muchas otras conductas que implican reproche penal y que provocan una inseguridad jurídica en la comunidad cada vez mayor.
Veamos lo que está ocurriendo en el norte del país, que no es un hecho aislado. El crimen organizado en Chile existe; existen las figuras del sicariato. Cambiaron por contaminación las conductas de los delincuentes en Chile y, por lo tanto, el Ministerio Público, las Policías y
el Sistema Procesal Penal, debe adecuarse y cambiar. Asumo que los principales desafíos del Ministerio Público serán tener justamente eso, una mirada sistémica, de conjunto, de un real trabajo en equipo. Las redarquías y la interdependencia, no sólo deben darse con las otras instituciones del estado como las Policías, Servicio Médico Legal y Sistema de Salud, sino también con toda la comunidad.
No es posible visualizar un Sistema Procesal Penal ajeno a la comunidad; debe estar inserto; debemos ser capaces de escuchar y trabajar día a día con la comunidad: juntas de vecinos, asociaciones de funcionarios, asociaciones gremiales, los colegios y la comunidad toda que participe por distintas vías, por canales de capacitación, por canales de simples
comunicaciones, como por ejemplo reuniones, de manera que el Ministerio Público esté, y la Policía esté permanentemente informada de lo que esté ocurriendo y tenga la sensibilidad necesaria para seguir trabajando.
Entonces, también en esto hay que hacer una mirada introspectiva; ver cómo está el Ministerio Público, qué es lo que estamos haciendo mal y mejorarlo.
Las Policías hacen su parte, sin lugar a dudas; la prevención como gobierno hace lo suyo, pero la dirección de las investigaciones penales, los hechos ocurridos realmente, los tiene el Ministerio Público, los tienen los fiscales y, por lo tanto, corresponde allí mejorar la gestión; mejorar la capacitación, mejorar la persecución penal en Chile.
Necesitamos que los delitos sean resueltos. Tenemos una altísima tasa de archivos provisionales a nivel país, cerca de cinco de cada diez causas archivadas en tiempo de pandemia y, antes de la pandemia las estadísticas eran peores y eso no es posible
subsanarlo.
El estudio del que estoy hablando es uno hecho en la región Metropolitana. No es posible dejar así a una comunidad indefensa y nos corresponde como organismos encargados de la persecución mejorar la eficiencia y la eficacia.
Todos debemos pensar en el legado que podemos ir dejando una vez que salgamos de estos cargos que son de dirección, y creo que la mejor forma de aportar a la comunidad es con la visión sistémica, el trabajo en equipo, mejorando gestión.
Los liderazgos son importantes, sin lugar a dudas, pero los equipos redárquicos hacen la diferencia. Como Fiscalía, en general, con las víctimas y los testigos tenemos un buen trabajo, sin lugar a dudas, pero tenemos que mejorar. Tenemos que perfeccionar nuestro trabajo con la comunidad, especialmente a través de la unidad de atención a víctimas y testigos.
Podemos aportar a través de nuestra vereda a la prevención y tal vez la mejor forma de aportar es que las investigaciones sean bien hechas y que los tribunales tengan las herramientas necesarias aportadas por la Fiscalía, por el Sistema Procesal Penal, para lograr las condenas cuando correspondan. Ahora, en octubre de este año, el actual Fiscal Nacional termina su periodo por cumplimiento de edad y se deberá designar uno nuevo por la excelentísima Corte Suprema, el Senado y el Presidente de la República, que es la metodología establecida en la constitución del 80 con la ley orgánica actual del Ministerio Público, y en la nueva administración, a mi juicio, debería construirse una nueva política nacional de persecución penal.
Una de las grandes críticas que se le hace al Ministerio Público es la falta de claridad; la falta de estandarización o la perdida de norte, según algunos, en cuanto a la persecución penal. Hoy tenemos un escenario muy distinto al de hace unos ocho o seis años atrás cuando asumió el saliente Fiscal Nacional.
Tenemos un crimen organizado en un porcentaje altísimo, tenemos delitos transfronterizos, mucha violencia en la comisión de los delitos contra las personas y contra la propiedad y por lo tanto la política de persecución penal debiera ser acorde a esta nueva realidad con reglas claras que nos ubiquen como un referente ante la comunidad para ser más eficientes y eficaces.
5.- ¿Cómo han logrado obtener, por tres años consecutivos, los mejores resultados de persecución penal del país?
La Fiscalía Regional de Aysén ha alcanzado los mejores resultados de persecución penal en los últimos cuatro años. Esto, en general, no es muy conocido porque el centralismo a veces invisibiliza el trabajo de regiones. Pero esta región de Aysén, bajo esta administración, ha tenido los mejores resultados de persecución penal del país, en todos los aspectos y en todos los indicadores.
Mientras el resto del país tiene un porcentaje promedio del 40 por ciento -aproximado como promedio- de persecución penal, la región de Aysén tiene un 72 por ciento de persecución penal. Es decir, siete de cada diez causas terminan en una solución jurídica, lo que no es la regla para nada en el resto del país. Y, por otro lado, mientras el resto del país archiva el 50 por ciento de las causas, la región de Aysén tiene un 21 por ciento de archivo, es decir, dos de cada diez causas se archivan.
Y eso nos ubica como el organismo de persecución penal a nivel nacional, más activo, más eficiente, y eso ha sido producto de un tremendo trabajo del equipo que tengo, motivado y proactivo.
Visiones como el trabajo mancomunado con las policías, el trabajo permanente con la comunidad, la capacitación permanente, son herramientas que nos han servido para ir mejorando día a día en la persecución penal.
Confío plenamente en todos los funcionarios fiscales y, por cierto, en la policía con la cual trabajo. Creo que, si generamos ambientes de trabajo sanos y adecuados, cada uno en sus roles, esto nos permite trabajar con seguridad, con certeza y nos permite también innovar,
y esa innovación nos tiene -en cuanto a gestión posicionados hace cuatro años como la región que tiene los mejores resultados del país.
Hemos logrado también en este tiempo decenas de actividades abiertas a la comunidad con participación de más de siete mil personas, entre juntas de vecinos, colegios y profesionales de todo Chile y América, contando también con expositores del FBI, de la ONU, la Fiscalía General de España, el Ministerio Público Argentino, Universidades de Europa, Oceanía y Latinoamérica, lo que habla, a mi juicio, de la confianza depositada en el trabajo que se está realizando en la región de Aysén, en el último rincón del mundo, como
normalmente nos dicen, pero un último rincón del mundo que tiene su visión clara respecto a lo que es y lo que debe hacer como mucha claridad y conciencia de que somos servidores públicos y por lo tanto estamos al servicio de la comunidad entera y, no podemos estar al servicio si no es trabajando con eficiencia y con eficacia.
No es habitual, y por eso lo destaco, que las grandes instituciones del mundo confíen en una Fiscalía al sur del mundo y, eso es el reconocimiento a que estamos haciendo bien las cosas, a que estamos bien encausados.
6.- ¿Qué experiencia podría aportar usted y la Fiscalía Regional de Aysén al país en materia de investigación y persecución penal?
La región de Aysén goza de los mejores resultados de persecución penal del país, un estado que ha sido logrado con mucho trabajo y que tiene que ver con la forma de relacionarnos con la comunidad, la forma de relacionarnos con los líderes locales, las instituciones públicas y privadas, el compromiso y la conciencia de ser servidores públicos.
Hay que conversar, hay que generar confianzas, hay que capacitar de forma permanente a los aliados estratégicos, PDI, Carabineros, Servicio Médico Legal, Funcionarios de la Salud. Si ellos no saben lo que esperamos de ellos, evidentemente no podemos esperar investigaciones o resultados de excelencia.
Debemos tener una relación fluida con el poder judicial que nos permita entender lo que el tribunal requiere como estándar para una sentencia condenatoria y trabajar en esa dirección. Trabajar junto, para y por la comunidad, ese es el paradigma de esta Fiscalía.
Se deben hacer acciones sostenidas en el tiempo para que esto se cumpla. Es un trabajo sin descanso, 24/7, pero así se logran las cosas. Trabajar sin las personas no resulta viable para ninguna institución del estado.
Las personas deben ser el centro externo e interno del trabajo del Ministerio Público como piedra angular del resultado exitoso. Debemos conversar más y aceptar con altura de miras todas las críticas. Se nos impulsa a mejorar a través de innovación, tecnología, inteligencia.
Hay muchísimo que hacer, pero tenemos la capacidad con más de cuatro mil funcionarios de fiscalía. Siempre se debe contar con más recursos económicos, más recursos humanos, más herramientas tecnológicas, sin lugar a dudas. Pero creo que -hoy por hoy- el problema
es de gestión y no de falta de recursos.
Hay que redistribuir recursos en las distintas funciones y rediseñar también alguna estructura de la Fiscalía que ya lleva 21 años no produciendo buenos resultados. Se trata de hacer una introspección primero a la fiscalía y darnos cuenta de que podemos mejorar, incluso no teniendo recursos nuevos. Podemos primero mejorar nuestra gestión y eso se va a traducir en una mejor calidad del servicio. Eso es lo que Yo, a nivel regional, puedo constatar y que creo que también serviría a nivel nacional para producir mejores resultados.
7.- ¿Cuál es su visión de la relación entre el Estado, comunidad y otras instituciones públicas?
-La preocupación por los resultados en las indagaciones penales que se despliegan en nuestro país, son de máximo interés no solo para las autoridades del Ministerio Público o las policías que desarrollan las diligencias investigativas, sino –también- para la propia
ciudadanía.
Lo anterior, queda de manifiesto en diversas encuestas de opinión pública y en el diálogo con dirigentes sociales, vecinales o en el diario vivir de la interacción social que efectuamos cotidianamente en la Región de Aysén, lugar del país donde hemos concretado diversos
proyectos piloto que nos permiten tener un conocimiento –de primera fuente- sobre lo que opinan o sienten las personas sobre nuestro trabajo.
Por ejemplo, capacitaciones constantes a dirigentes vecinales, diálogos con estudiantes de enseñanza básica y media, policías, la realización de eventos académicos de nivel internacional y una planificada concurrencia a medios de comunicación locales.
Hablamos, pero también escuchamos, analizamos, asumimos, respetamos. Por lo mismo, sabemos que hay mucho que mejorar y en ese sentido.
Un eje estructurante para el Ministerio Público debiera ser siempre escuchar a las y los ciudadanos, escuchar lo que piensan y no permanecer encerrados entre cuatro paredes o en la comodidad de una oficina, porque finalmente somos servidores públicos que trabajamos para intentar promover, a través de nuestras decisiones y resultados, una mayor paz social para nuestro país.
Debemos tener una visión de Estado en lo que hacemos. En este sentido, a la próxima administración del Ministerio Público a nivel nacional, le corresponderá fijar los principios rectores de la Política Nacional de Persecución Penal de nuestra institución, entidad autónoma e independiente que dirige la investigación de los delitos en nuestro país con el apoyo fundamental de aliados estratégicos como la Policía de Investigaciones, Carabineros, Servicio Médico Legal, Servicios de Salud y otras importantes instituciones de carácter pericial. La Fiscalía no puede investigar sola, no tenemos la capacidad técnica para hacerlo.
