El problema se viene arrastrando desde el 2017, cuando el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, persuadió a feriantes a sumarse a una sociedad para que pudiesen compartir la administración de la Macroferia, teniendo que desembolsar cada uno cifras de siete dígitos.
65 locatarios del patio 2 de la Macroferia de Talca interpusieron una querella contra la Municipalidad, por supuesta estafa. La acción penal fue presentada ante el Juzgado de Garantía de la ciudad y es en contra de todos los que resulten responsables de las promesas sin cumplir y perjuicios provocados por el Municipio, que busca desalojarlos.
Según Raúl Leiva, el abogado que representa a los feriantes, estos han sido víctimas de estafa, ya que el municipio, “por medio de agentes, cuya entidad y responsabilidad deberá establecerse en el curso de la presente investigación penal”, engañó y causó graves conflictos monetarios.
Esta disparidad se remonta a 2017, cuando el Municipio persuadió a los trabajadores para sumarse a una sociedad que ayudaría a construir una Macroferia renovada con mejores condiciones de trabajo, todo con un aporte monetario de los bolsillos propios, incluso algunos se endeudaron. Según la querella, esto nunca se concretó.
Por otra parte, los involucrados buscan de manera exhaustiva no ser desalojados de sus puestos de trabajo.
