El taller “Prácticas de culo”, que forma parte de un programa del Ministerio de las Culturas, llevó a la solicitud de una auditoría por parte de parlamentarios de oposición.
Este taller mezcla técnicas de twerk, funk brasileño y danza contemporánea con un “enfoque descolonial y es parte del “Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC)“.
Como informó el medio Emol, su difusión corrió a cargo de Espacio Vitrina; una entidad vinculada a la Red de Salas de Teatro de la Región Metropolitana. Este año, dicha entidad recibió más de 139 millones de pesos a través del PAOCC 2025.
En primera instancia, cuestionaron el uso del logo del programa en los materiales promocionales, lo que implicaría un apoyo financiero indirecto. Según el afiche del taller, este ofrecía “práctica de movimiento pélvico freestyle, improvisación con enfoque descolonial, con un abordaje somático, sensible y gozoso“.
Ante esto, varios actores políticos de oposición cuestionaron la pertinencia de este tipo de iniciativas dentro de un programa financiado con recursos fiscales destinados a la cultura.
Oficio a Contraloría
En este contexto, los diputados de Renovación Nacional, Miguel Mellado, Carla Morales, junto a Jorge Durán y Eduardo Durán, miembros de la comisión de Cultura, enviaron un oficio a la Contraloría General de la República. Solicitaron una auditoría sobre los recursos entregados por el Ministerio de las Culturas.
“Venimos a solicitar una auditoría a los recursos entregados por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con el fin de verificar si los objetivos por los cuales se otorgaron los fondos se alinean con los fines del programa“, indicaron en el documento.
También expresaron su preocupación por la posible incompatibilidad de la actividad con los lineamientos del PAOCC. Sugirieron que su inclusión en el programa requiere una justificación clara respecto de su aporte a los fines públicos y la programación cultural. Además, enfatizaron que, si la actividad no está bien contextualizada en la misión de la entidad organizadora, podría considerarse improcedente o ajena a los objetivos declarados del programa.
Por último, los parlamentarios pidieron a la Contraloría que emita instrucciones respecto al uso de los logos institucionales en actividades privadas. De esta forma, se busca evitar confusiones sobre el origen y respaldo de las iniciativas culturales financiadas con fondos públicos.
