Un inspector de la PDI quedó en prisión por colaborar con una red internacional dedicada al robo de propiedades de lujo en Estados Unidos y países de Europa.
Con información del medio asociado: BBCL
El Ministerio Público logró acreditar su vínculo con la organización, que habría operado desde 2020 bajo la modalidad de “turismo delictual”.
La investigación fue liderada por la Fiscalía Occidente y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac), en coordinación con el FBI. El 29 de abril se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en distintas comunas de la Región Metropolitana y en Algarrobo, Región de Valparaíso. En total, se registraron 11 viviendas y se detuvo a 23 personas.
Entre ellas estaban los cabecillas del grupo y miembros de su círculo familiar que colaboraban reduciendo joyas y relojes de lujo. Según se determinó, parte del dinero robado era blanqueado mediante la adquisición de vehículos y propiedades.
Las pruebas en su contra
Las diligencias también revelaron el uso de documentación falsa o adulterada para ingresar y salir del país. Incluso, en algunos casos, se detectó el paso por fronteras no habilitadas. Todos los involucrados fueron puestos a disposición de la justicia.
El caso tomó un nuevo giro el viernes, cuando se formalizó a Walter René Fuentes Molina, funcionario del Departamento de Policía Internacional del aeropuerto Arturo Merino Benítez. El tribunal lo imputó como autor del delito consumado de cohecho, tras reunir antecedentes que lo vinculan directamente con la organización.
El juez Fernando Guzmán sostuvo que “la participación del funcionario fue confirmada por las declaraciones de dos integrantes de la banda”, actualmente en prisión preventiva. A ello se sumaron registros de cámaras de seguridad que lo ubicaron en el aeropuerto el 1 de diciembre de 2021. Ese día en que abordó el vuelo LAN 582 con destino a México junto a su esposa, Catherine Vásquez Bernal, retornando el 9 de marzo de 2025.
Dado el carácter del delito y el rol del imputado, el magistrado ordenó su prisión preventiva, argumentando que su libertad constituye “un peligro para la sociedad”. El funcionario deberá cumplir la medida cautelar en un cuartel de la PDI mientras continúan las indagatorias.
