Prof. Iván Palomo, Director del Centro de Longevidad VITALIS, UTALCA y del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable (CIES-CUECH). Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Talca.
Desde hace algunos años, las personas viven más años, en el resto del mundo y también en Chile. El Censo 2024, considerando un nuevo criterio, 65 años en lugar de 60, encontró que 14,0% de la población tiene 65 años o más, cifra que supera el 11,0% y 8,1% de los Censos 2017 y 2002, respectivamente. Esta evolución demográfica llegó para quedarse; se proyecta que para el año 2050 alrededor del 30% de la población en Chile serán personas con 60 años o más.
Todos/as vamos cumpliendo año, pero no envejecemos igual. Dos personas pueden tener la misma edad cronológica (ej. 60 años), pero diferente edad biológica (Ej. 60 y 70 años). Es decir, algunas personas, por factores que no es el caso analizar ahora, envejecen mejor que otras. Considerando lo anterior y que la gran mayoría de las personas sobre 80 años son autovalentes, la norma que considera el cese de funciones de los empleados públicos que cumplan 75 años a partir de enero de 2027, parece al menos irracional. Esto representa una marcada discriminación por edad, un edadismo de proporciones que no soportaría una evaluación internacional.
Si lo anterior es intolerable, lo que supera todo nivel de racionalidad, es que la norma no aplica para ministros de estado ni para parlamentarios. ¿Creerán que, como promedio, tienen mayores capacidades biológicas (Ej. Cognitivas) que el resto de la población?
Desde el Centro de Longevidad VITALIS rechazamos la norma antes mencionada y solicitamos una modificación que la deje sin efecto. Una alternativa es que quien desee continuar trabajando después de los 75 años, sea funcionario público de un servicio cualquiera o una universidad, un/a ministro/a de estado o un/a parlamentario/a, se someta a un examen, ante una comisión de expertos, que determine su capacidad cognitiva.
