Dr. Emilio Moyano Díaz. Prof. Titular de Excelencia Universidad de Talca.
Una sociedad está en anomia cuando existe una percepción generalizada de falta de normas o falta de respeto a las mismas, derivada principalmente de la falta de liderazgo efectivo y la erosión de los estándares morales. Este es un factor asociado al debilitamiento de los Estados y que afecta el bienestar de las personas. Ya hemos verificado que Chile está en anomia desde hace años, en un proceso que se ha ido acentuando como hemos publicado en otro lugar (Moyano-Díaz et al., 2021). Particularmente, los análisis de muestras nacionales de ciudadanos adultos chilenos de 2015 a 2019 mostraron que la percepción de corrupción en instituciones claves -parlamento, FFAA, municipalidades, iglesias, cortes de justicia, partidos y organizaciones deportivas- aumentaron significativamente durante esos seis años. Y esto no se ha revertido. La anomia influye negativamente en el bienestar de las personas generando mayor tensión, y un mayor sentimiento de irritación, especialmente entre quienes son víctimas de explotación, de marginalización, o cuya dignidad ha sido atropellada.
La corrupción de los liderazgos, y más ampliamente desde quienes son vistos como parte de las élites en una sociedad, genera un efecto social hacia la base de la sociedad -los ciudadanos ‘de a pie’-, consistente en auto liberarse de sus controles éticos para realizar a su vez sus propios actos maximizadores y reñidos con el respeto a la ley, las normas, o la ética, ¿diciéndose “porqué ellos sí, y yo no”? Este efecto ha sido probado experimentalmente en los laboratorios de investigación en psicología social.
Tal vez sea el caso en lo que estamos observando estos días. Según los datos de la Contraloría, 25.078 funcionarias/os públicos entre 2023 y 2024, viajaron fuera de Chile pese a estar con licencia médica, por un monto aproximado de 350 millones de dólares. Lideran en esto la Junta de Jardines Infantiles y la Fundación Integra, que son también las instituciones que tienen mayor cantidad de personal: 23.486, y 29.176 funcionarias/os, respectivamente, y no cabe duda de que fuera de aquellos 25.078 debe haber allí numerosos/as funcionarias/os correctos que no transgreden la ley, como también es probable que haya muchos otros cuyas licencias tampoco se justificaren, aunque no viajaron al extranjero.
Aparentemente no se tiene información histórica de este fenómeno, por lo cual no sabemos si hay más, igual o menos, corrupción en los ciudadanos en cuanto al uso de licencias médicas más allá de este caso que se ha levantado porque alguien tuvo la perspicacia de cruzar datos de quienes tenían licencias médicas con sus salidas al extranjero.
El total de empleados públicos del Estado de Chile en 2023 fue de 810.064, lo que representa un 2,2% (17.789 empleados) más que en 2022 (Consejo para la Transparencia, CPLT). Asimismo, se observa que en 2023 el área de salud, con más de 220 mil funcionarios, es el sector que concentra más personal (seguido de lejos por Educación, con 63 mil trabajadores) y es dónde el problema de las dolorosas y mortales esperas para ser atendido constituyen una vergüenza nacional. El sector salud concentra altos niveles de ausentismo y, desde hace un tiempo sus funcionarios son víctimas de agresiones por parte de sus usuarios lo cual perfectamente puede causar, además de otros factores, la solicitud de licencias médicas. Tal vez esto, entre otros motivos, por cierto, explique el ausentismo laboral en el sector salud, que hoy es un problema crítico que supera los índices en otros ámbitos laborales (Mesa & Kaempffer, 2004), posicionándose como uno de los principales factores que inciden en el gasto público sanitario. Pero sería de interés examinar más profundamente -como se ha hecho con JUNJI e Integra, por ejemplo- qué puede explicar estos altísimos niveles de ausentismo.
El ausentismo por causas médicas en el sector salud genera consecuencias económicas de gran envergadura al sistema provocando un aumento de 17% en el gasto público en salud entre 2019 y 2021 (Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, 2024). Este fenómeno no solo afecta la disponibilidad de personal para atender a los pacientes, sino que también incrementa los costos operativos y reduce la eficiencia del sistema. Se estima que el gasto directo anual asociado a licencias médicas puede alcanzar aproximadamente US$ 1.600 millones, además de los costos adicionales por la necesidad de reemplazos, que se estiman en US$ 282 millones anuales. La combinación de estos factores repercute negativamente en la calidad de atención y en los recursos asignados a otras áreas críticas de salud, haciendo evidente la necesidad de implementar estrategias efectivas para gestionar y reducir el ausentismo en este sector crucial (Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, 2024).
Según datos del Ministerio de Salud (MINSAL), a junio de 2024, la lista de espera No GES para consultas médicas y odontológicas a nivel nacional alcanzó 2.555.918 registros, de los cuales 2.064.953 correspondían a consultas médicas y 490.965 a odontología.
Está entre los derechos de cada trabajador solicitar licencia médica y el mal uso de éste afecta las arcas fiscales, pero también la calidad del servicio prestado ya que quien se ausenta no siempre es reemplazado, y, cuando lo es, no siempre es por alguien de experiencia o calidad similar. También, el conocimiento por parte de los compañeros de trabajo del mal uso de este derecho y la falta de fiscalización propia de un Estado no modernizado, facilitan el contagio social, aumentando la probabilidad de la transgresión.
La mayoría (69%) de las licencias fueron emitidas por médicos a través de Fonasa y el 31% restante, por los del sistema de Isapres. Son 13 servicios públicos las que concentran un 25% de las licencias. Destacan la Municipalidad de Arica con 719 casos, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique con 515; la Municipalidad de Puerto Montt con 483; el Instituto de Previsión Social con 423. Luego, se posiciona la Subsecretaría de Salud Pública que arroja 393 detecciones; la Corporación Municipal de Salud y Menores de Puerto Natales, 392; la Corporación Municipal de Punta Arenas, 369; la Corporación Municipal de Puente Alto, 363 y la Universidad de Chile, 352. Sigue la Municipalidad de Temuco, con 342 y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama, con 328 hallazgos de licencias. Según lo informado por Contraloría, las salidas se dieron principalmente entre septiembre y diciembre, y se ordenó instruir sumario en las 788 entidades donde se hallaron estas prácticas, en las cuales se acumularon casi 60 mil entradas y salidas del país de personas que debían estar en reposo.
Emol.com- https://www.emol.com/noticias/Nacional/2025/05/21/1166960/junji-integra-entidades-detecciones-licencias.html
Evidentemente, en esta cadena de hechos también están los médicos otorgadores de licencias y es sabido que, entre éstos, quienes han montado un verdadero cartel de licencias médicas ofrecidas públicamente vía internet con tabla de precios en aumento según días de permiso requeridos, están, en orden de jerarquía, médicos colombianos, ecuatorianos, y venezolanos. Por cierto, también habría algunos nacionales.
Ya ve estimado/a lector, la anomia no sólo afecta la calidad y ética del liderazgo o de las élites. Con el caso de las licencias médicas referido, ya puede apreciar que la anomia es más grave que eso, afecta la calidad y la ética en el tejido social, atravesando la sociedad en su conjunto hasta la base de esta. La falta de ética funcionaria no se resuelve con declaraciones o buenas intenciones, se requiere formación ética para desempeñar un cargo público, experiencia en cargos públicos, y aplicar la ley a quien muestra un comportamiento reñido con ésta.
A la tragedia nacional que significa para los menos favorecidos de la sociedad chilena la ignominiosa lentitud para la atención de salud se suma la referida a dar solución a las víctimas del incendio de febrero de 2024 en Valparaíso (segunda peor tragedia después del terremoto de 2010) con 138 fallecidos/as, provocado por 7 presuntos delincuentes que generaron el fuego impulsados por razones económicas (el cobro de horas extras y la extensión de contratos laborales), todos trabajadores de distintas instituciones encargadas de prevenir y combatir incendios: Bomberos, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio Nacional de Respuestas de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred).
Por cierto, y si se trata del Estado, hay que quedarse solo con el personal con vocación y sobre todo con ética pública probada, experimentado. La democracia entre otras muchas razones también “hace agua” por este tipo de escandalosas faltas a la probidad, en la que incurren desde la élite (diputada, alcaldes, y un largo etcétera), hasta esta cadena de ciudadanos con las licencias médicas en comento. Lamentablemente, esto no se cambia con el simple cambio de gobierno o del signo de éste. La democracia no ha sido modernizada y tampoco suficientemente las normas de funcionamiento de los partidos políticos ni particularmente para formar y proponer cuadros como funcionarios al gobierno de turno. Y tampoco se puede esperar que la educación haga lo suyo, ella trabaja para el largo plazo, y parece estar más centrada en enseñar a maximizar, a emprender, más que en la ética o en el sentido del deber. Cualquier que sea el gobierno que gane la próxima elección debiera enfrentar y buscar resolver los desafíos que representan los vacíos de gestión, probidad y de control de la democracia que tenemos. Tal como ella está funcionando, con crisis de seguridad ante el delito y una extraordinaria lentitud en proveer de cárceles, pero también crisis presupuestaria en los hospitales, y sin atisbo de solución a las listas de espera en salud aún, ni a las víctimas del incendio de Valparaíso de 02/2024, es obvia su incapacidad de ordenar o de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos/as. Se requiere una mejor democracia, más eficaz y eficiente, y con ejecutores más experimentados y de más carácter.
