El Gobierno promulgó la Ley N° 21.746 que endurece sanciones penales y refuerza la fiscalización frente al uso fraudulento de licencias médicas.
En medio de las investigaciones por uso irregular de licencias médicas en el sector público, el Gobierno promulgó la Ley N° 21.746, la cual refuerza el control sobre la emisión de estos documentos y establece nuevas sanciones penales para quienes incurran en fraudes.
El nuevo marco legal, publicado el 24 de mayo en el Diario Oficial, modifica la Ley N° 20.585 y busca proteger el sistema de seguridad social. Según el texto, solo podrán emitir licencias los médicos cirujanos, dentistas y matronas registrados oficialmente. Además, aquellos que hayan obtenido su título desde 2009 deberán contar con la aprobación del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom).
Uno de los principales avances es la obligatoriedad de la licencia médica electrónica, que debe contener la misma información que el formulario en papel. Solo se permitirá el uso de formatos físicos en casos excepcionales, como falta de conectividad o con autorización de la Compin.
En cuanto a las sanciones, la ley incorpora multas y suspensiones progresivas para los profesionales infractores:
- Multa de hasta 140 UTM y suspensión de hasta 180 días por emitir licencias sin respaldo.
- Multa de 200 UTM y suspensión de hasta un año si reincide en cinco años.
- Multa de 350 UTM y suspensión por tres años si reincide una segunda vez.
- En caso de tercera reincidencia en siete años, se aplicará suspensión perpetua y multa de hasta 600 UTM.
La ley también modifica el artículo 202 del Código Penal, estableciendo que los profesionales que incurran en falsedades enfrentarán penas de cárcel de entre 3 años y un día hasta 5 años, junto a multas de hasta 300 UTM ($20,5 millones). Asimismo, quienes usen licencias falsas maliciosamente podrán recibir entre 61 y 540 días de presidio y multas que van desde 25 a 250 UTM.
Sistema de denuncias y registro público
La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) será la encargada de fiscalizar la tramitación electrónica de licencias. Contará con un sistema de denuncias anónimas y un registro público de sanciones, que incluirá estadísticas de emisión por profesional.
También se refuerza la fiscalización a los contralores médicos de Isapres y Compin, quienes podrán ser sancionados si rechazan o modifican licencias sin fundamentos. Las medidas van desde multas de 7,5 UTM hasta suspensión de un año.
En cuanto a la telemedicina, los profesionales deberán estar habilitados para realizar consultas a distancia, y deberán respaldar digitalmente cada atención que justifique la licencia.
“El objetivo es garantizar que las licencias médicas se entreguen a quienes realmente las necesitan, evitando el abuso del sistema”, afirmaron desde el Ministerio de Salud.
La implementación de esta normativa contempla una inversión superior a $690 millones para aumentar la dotación de fiscalizadores en Suseso y Compin, fortaleciendo así la capacidad estatal para combatir el fraude.
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