La Corte Suprema ratificó el fallo que anuló el traslado de un carabinero. Se consideró afectaba a su núcleo familiar, en especial a sus hijos diagnosticados con TEA.
El funcionario recurrió a la justicia alegando que la decisión comprometía gravemente la estabilidad de su familia. Esto porque sus hijos reciben atención especializada en Talca, ciudad donde actualmente residen.
Afirmó que el cambio de destino (a la Fiscalía Administrativa de la Prefectura Arauco) dificultaría el acceso a terapias y obligaría a su esposa —funcionaria municipal— a dejar su trabajo. Todo aquello pondría en riesgo tanto el equilibrio emocional como la estabilidad económica del hogar. En su presentación, sostuvo que el acto administrativo vulneraba derechos constitucionales como la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y la protección de la familia.
La Corte de Talca acogió el recurso tras concluir que los actos administrativos carecían de motivación suficiente, contraviniendo lo dispuesto en la Ley N° 19.880; como redactó el ministro Álvaro Saavedra.
Se indicó que ni el documento inicial ni la resolución que rechazó la reconsideración abordaron los antecedentes personales y familiares presentados por el recurrente. A juicio del tribunal, esto configuró una actuación arbitraria e ilegal, al no ponderar debidamente las implicancias del traslado. En consecuencia, ordenaron que el funcionario sea destinado a una unidad dentro de las Prefecturas de Talca, Linares o Curicó.
Conclusión de la Corte Suprema
El dictamen fue confirmado por la Corte Suprema, cuyos ministros coincidieron en que, si bien la Dirección de Personal de Carabineros tiene facultades para ordenar traslados, estas deben ejercerse conforme al principio de juridicidad y con una adecuada fundamentación. En este caso, señalaron que no se consideraron las razones de carácter familiar ni los antecedentes médicos de los hijos del carabinero, lo que tornó la medida en ilegal y arbitraria, vulnerando también la garantía de igualdad ante la ley.
