A más de dos meses del accidente entre la Bruma y el buque Cobra, familiares denuncian encubrimiento, vínculos políticos y una investigación parcial.
A más de dos meses del accidente marítimo que dejó a siete pescadores desaparecidos frente a la costa del Maule, las familias de la tripulación de la lancha Bruma exigen respuestas claras. Además, denuncian graves irregularidades en el proceso investigativo. Acusan dilaciones injustificadas, conflictos de interés y una supuesta protección institucional a la empresa industrial Blumar. Esta empresa es dueña del buque Cobra, implicado en la colisión.
Claudia Urrutia, vocera de las familias y presidenta de la Asociación Gremial Bacaladera del Maule, sostiene que existen poderes fácticos involucrados. En entrevista con Diario La Prensa, expresó: “Nos advirtieron que Blumar financió campañas políticas y que almirantes terminan trabajando en esa empresa”. Además, cuestionó directamente a la Fiscalía Regional, asegurando: “La fiscal Cartagena es muy amiga y comadre del abogado que representa a Blumar, Alejandro Espinoza”.
La vocera también entregó detalles sobre el momento del accidente. Ella afirmó que la lancha Bruma se encontraba fondeada dentro de las cinco millas náuticas, en zona autorizada para la pesca artesanal. “La lancha tenía antena Starlink, pero desde la madrugada del 30 de marzo no hubo más señal. A las 4:30 a. m. del 3 de abril accedí al sistema del Sernapesca y confirmé que el único barco que coincidía en tiempo, dirección y velocidad con la Bruma era el Cobra”, afirmó.
Respecto al curso de la investigación, Urrutia lamentó la lentitud del proceso y la aparente falta de imparcialidad. “La defensa de Blumar intenta culpar a la tripulación de la Bruma. Pero nosotros tenemos las pruebas para demostrar que se cumplió completamente con la normativa vigente”, sostuvo.
La denuncia se suma a una creciente presión de organizaciones sociales y gremiales del rubro pesquero artesanal. Estas organizaciones exigen transparencia, justicia y celeridad en el esclarecimiento de los hechos. Las familias aún esperan respuestas concretas sobre el paradero de los desaparecidos. También solicitan una investigación sin privilegios ni presiones externas.
